También es el momento en el que tenemos que discutir acerca de las irregularidades que ocurrieron en los diferentes momentos del proceso electoral, de las cuales fueron responsables, por un lado, autoridades, así como como otras fuerzas y amenazas, siendo la más lacerante de ellas la violencia.
Asimismo, esta es la oportunidad de reconocer a la ciudadanía que, al organizarse y participar, ha logrado decidir quién debe ocupar la presidencia de las República. Asegurando con ello que la transferencia del poder público ocurra de forma pacífica y reafirmando la vigencia del régimen democrático en nuestro país.
Este logro no debe minimizarse porque no existe garantía permanente de la continuidad democrática en ningún país del mundo, ya que este modo de vida es amenazado de forma constante por prácticas autoritarias y por la ambición que utiliza las formas de la política para imponerse.
Por ello, revisar la validez de esta elección es más que un mero trámite, es el momento en el que el Estado mexicano debe pronunciarse, a través del Tribunal Electoral, acerca de la condición en la que se encuentra su democracia.
La razón por la que este pronunciamiento, que es una legitimación democrática y republicana, corresponde a un tribunal y no a un órgano político encuentra sentido en el mismo motivo por el que la elección de las autoridades debe darse a través de un proceso establecido por las leyes: para procurar que las pasiones políticas no se impongan a las razones democráticas.
Cuando la decisión sobre el resultado obedece a los devenires de la política, no hay certeza de que la voluntad de las urnas será respetada. Siendo esto, por desgracia, una experiencia que hemos padecido en nuestra historia y de la que seguimos escuchando testimonio en otras latitudes.
Por ello, la determinación que hoy nos corresponde emitir forma parte de un sistema pensado para dar las garantías de independencia y autonomía que son necesarias para asegurar que la decisión de la ciudadanía sea respetada.
No obstante, será el compromiso con esa responsabilidad lo que hará que estas garantías tengan vigencia real o que sólo sean enunciados que no tienen correspondencia con las conductas de a quienes nos fue conferida esta decisión.
Mi compromiso con esta responsabilidad me exige que la decisión de declarar la validez de esta elección reconozca los logros de la participación ciudadana y su voluntad expresada, pero también exige que las irregularidades acontecidas no sean ignoradas ni soslayadas, sino de discutidas y valoradas en contraste con los resultados de la votación.
Para ello, a continuación, me pronunciaré acerca de las irregularidades más graves que fueron cometidas en este proceso electoral.
I. Fraude a la ley y procesos políticos adelantados
El inicio del proceso para renovar la presidencia de la República debió haber sido el siete de septiembre del año pasado; sin embargo, las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas.
La política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión, por lo que tuvieron que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo a la eficacia de nuestro sistema electoral.
Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley.
Desde el once de junio de dos mil veintitrés, las fuerzas políticas decidieron que era oportuno iniciar con sus procesos para elegir sus candidaturas a la presidencia, arrebatando esa decisión a la soberanía popular expresada en las leyes que nos rigen como comunidad y que sirven para dar continuidad a nuestra vida democrática.
Como señalé cuando voté en contra de los dos procesos políticos, fue especialmente grave que los partidos políticos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley.
Mecanismos que, como era de esperarse, enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral debido a que no hubo transparencia en sus resultados o ni siquiera concluyeron conforme a sus propias reglas. Además de que no solo afectaron la elección presidencial, pues sus consecuencias impactaron los procesos para la renovación de las cámaras del Congreso.
La antijuridicidad se retroalimenta y no solo vuelve cautiva a la ciudadanía, sino que atrapa a los actores políticos en estructuras de interacción en las que las actitudes contrarias a la vida democrática son replicadas como norma en vez de observar las leyes que buscan garantizar que la ocupación del poder político y de gobierno sean el resultado de la participación ciudadana real.
Estos procesos fueron el aviso de lo que serían los graves problemas de esta elección: acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificultades para garantizar el cumplimiento de las normas del proceso electoral y un desgaste permanente en contra de la ciudadanía que soportó las campañas más largas en la historia de la vida democrática del país.
II. Indebida intervención del presidente de la República
Siguiendo con las irregularidades graves que padeció esta elección, no puede ignorarse la intervención del presidente de la República a través de sus conferencias matutinas.
Desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral.
Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a la candidata de la oposición y para impulsar a la candidata de la filiación política del presidente. Esta intervención se materializó en más de cincuenta conferencias matutinas, en las que el número sólo se encuentra agravado por la influencia y poder que ejerce el titular del Ejecutivo.
Estando constitucionalmente obligado a ejercer el cargo de forma neutral, para con ello permitir que la contienda fuese equitativa, el presidente mantuvo un actuar que contradijo las luchas que cuestionaron la intervención presidencial en las elecciones y que denunciaron ese abuso de poder como uno de los mayores males en nuestra naciente democracia.
A pesar de que la elección de la primera presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del presidente contraviene ese progreso ciudadano para revivir las prácticas antidemocráticas del pasado.
Este pendiente no es exclusivo de esta elección y la irregularidad no tiene un solo color partidista, por ello resulta tan apremiante que la injerencia indebida de los servidores públicos reciba las consecuencias reales que hagan efectivos los principios de neutralidad, equidad e integridad que requieren los procesos electorales.
La política es el impulso que mueve a las democracias y les permite alcanzar conquistas sociales importantes, pero sus formas pueden poner en riesgo lo logrado. Entonces, son las leyes las que se convierten en la razón que asegura que lo alcanzado permanezca y que los abusos sean prevenidos y sancionados.
Ese equilibrio entre el ejercicio político y la sujeción a la voluntad popular expresada en la constitución es el delicado apuntalamiento que sostiene y da continuidad a una democracia.
Por ello, no puede desconocerse que esta intervención ocurrió, que contravino las obligaciones constitucionales que deben regir al cargo y que es necesario fortalecer las herramientas legales e institucionales para que esto no sea una práctica que siga demeritando la confianza en que la ciudadanía es capaz de tomar sus propias decisiones.
El acatamiento de las reglas no sólo es muestra de una actitud responsable de alguien que entiende la necesidad de cumplir con los acuerdos de la comunidad expresados a través de leyes, sino que también es la manifestación real de la confianza y el respeto que se tiene a la ciudadanía.
III. Violencia e injerencia del crimen organizado
Por desgracia, la tercera irregularidad que es necesario destacar es la que produjo la violencia en el país.
Durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas. La disputa por el poder en diferentes partes del país abandonó cualquier sentido de civilidad y nos hizo atestiguar de nueva cuenta que en el país hay decisiones que no son producto del diálogo, sino de la imposición a través de las armas.
Debido a las tecnologías, ya no nos enteramos de los asesinatos políticos por medio de la prensa. La ciudadanía pudo atestiguar en sus pantallas los momentos en los que muchos de estos crímenes fueron cometidos.
La conmoción y el miedo que la violencia genera, además del cruel daño que provoca, frustran la promesa democrática de un gobierno para personas que viven y disfrutan su libertad.
Como reflexión dejo esta pregunta: ¿es el crimen organizado un actor autónomo o es un agente coadyuvante del poder político?
Las consecuencias son evidentes. Más de siete mil personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a participar por culpa de las amenazas, las cuales fueron de tal seriedad que se convirtieron en crímenes que terminaron con la vida de más de treinta personas candidatas.
Este sigue siendo el pendiente urgente para poder aspirar a mantener una forma de vida en democracia. Desconocer su realidad e impacto en el ejercicio de los derechos políticos sólo nos coloca un paso más atrás en el camino para poder alcanzar una solución.
Incluso en tiempos en los que hemos reconocido la existencia de la violencia política de género, ignorar este pronunciamiento necesario sobre la violencia en el proceso sólo invisibiliza que 57% de las renuncias a candidaturas fueron de mujeres.
La democracia no debe reducirse a entenderla como un procedimiento para poder ir a votar, ésta debe ser más que eso. Hacer de la democracia una forma de vida no es más que el compromiso individual de actuar para defender lo que es valioso e incluir en esa defensa a quien tenemos al lado, entendiendo que las diferencias son las que nos llevan a encontrar mejores respuestas.
IV. Revisión del estado de las autoridades y del sistema electoral
Al evaluar el proceso electoral, no basta con calificar a quienes contendieron. Es necesario revisar el actuar de las autoridades. Este ejercicio permite entender el estado que guardan las instituciones encargadas de hacer valer las leyes y los principios que dan vigencia a nuestra democracia.
Para evaluar el desempeño de las autoridades es importante realizar el contraste con procesos anteriores. Así se vuelve evidente si es que las instituciones se han fortalecido o, por el contrario, se han desgastado y debilitado.
En el transcurso de seis años las instituciones electorales se han degradado. No hay un solo tribunal electoral en el país, ni siquiera esta Sala Superior, que esté debidamente integrado.
La irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido el Senado al mantener vacantes las magistraturas fue y es una conducta que pone en riesgo la legitimidad de los procesos electorales. Si quienes están encargados de expresar la voluntad popular a través de las leyes incumplen con lo que estas mandatan, entonces qué confianza puede tener la ciudadanía en que sus representantes serán consecuentes con el poder que les fue conferido.
Aunado a ello, el sistema institucional demostró una debilidad particular debido a que su diseño considera que los partidos políticos asuman su función, como entidades de interés público, coadyuvando en el correcto funcionamiento para el desarrollo del proceso electoral.
V. Reflexión sobre la reforma
El inicio del nuevo sexenio viene precedido por la promesa de reformas. Lo que está por decidirse será si los cambios obedecen al protagonismo de las emociones en las decisiones políticas o si estos serán el resultado de la experiencia y la convicción por un sistema construido a partir de la dignidad.
Reformular un sistema para procurar la dignidad exige que los cambios sean pensados para el bienestar colectivo, en los que no se excluya a nadie. Por eso la reforma debe darse por encima de la emoción y el orgullo debido a que este último divide a la ciudadanía entre “nosotros y ellos”. A diferencia de quien actúa con dignidad, quien lo hace por orgullo recurre a la imposición antes que al diálogo.
Por ello, es necesario que las intenciones de reforma centren su atención en el núcleo de los problemas que requieren ser atendidos y anulen las distracciones producidas por las narrativas que dividen al mundo en ganadores y vencidos. Al centrar la mirada en el funcionamiento de la maquinaria política, entonces podremos evitar el aturdimiento que producen sus representaciones en el discurso.
En el momento histórico que nos encontramos, en el que el país por primera vez tendrá una presidenta es necesario que nuestra sociedad transforme sus formas para que este logro sea más que simbólico.
Transformar el poder de los vicios patriarcales requiere entender que sólo hay prosperidad en la comunidad en la que el cuidado sustituye a la dominación y la cooperación es la regla en vez de la competencia.
Quisiera concluir esta intervención citando a Ece Temelkuran, la incertidumbre del futuro nos puede dar razones para ser optimistas o nos puede hundir en las peores expectativas del pesimismo.
Sin embargo, si nos concentramos en el presente y aceptamos que lo que hacemos ahora es lo que determinará nuestro futuro, seguir adelante no significará un mero sobrevivir, sino sobrevivir de la mejor manera.
Así, seremos capaces de recordar nuestra historia, al mismo tiempo que podremos seguir utilizando nuestra infinita capacidad imaginativa para pensar en una sociedad más digna.
Teniendo ese horizonte habrá oportunidad para seguir viviendo en democracia y tendremos motivos para actuar con convicción moral frente a una realidad que nos requiere de ojos abiertos para vislumbrar la desigualdad y la violencia que debemos desterrar de nuestra comunidad.
Esta elección presidencial fue ampliamente ganada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y esta elección es válida por la contundencia del voto de la ciudadanía.
Hoy debemos reconocer el compromiso y la entrega democrática de las y los mexicanos, justamente fue la ciudadanía la que le dio la legitimidad a esta elección, ya que fue un grupo que principalmente estuvo a la altura de la jornada para elegir a la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.