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INFORME 2017-2018

PALABRAS DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, DURANTE EL INFORME DE LABORES   2017-2018


Ciudad de México, 13 de noviembre de 2018


Hace un año, ante este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nombre de mis pares del Tribunal Electoral, di cuenta de nuestra visión de lo que sería el proceso electoral más complejo de la historia democrática de México, asumiendo el compromiso de que actuaríamos de manera independiente y neutral, velando siempre por el Estado de derecho y por la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos.

Señalamos que uno de los clamores contundentes e ineludibles que resuenan fuerte y constantemente en México, es la necesidad de tener instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad, así como procesos electorales íntegros. Sabíamos que el reto más grande que teníamos consistía en mantener la estabilidad política de México y la paz social, fuesen cuales fuesen los resultados electorales, cumpliendo las expectativas de la ciudadania.

Las elecciones de 2018 representaron una oportunidad para probar nuestra fortaleza institucional e integridad electoral y consolidar las libertades y derechos de la ciudadanía.

Estos procesos están próximos a concluir y hoy rendimos cuentas a la sociedad de nuestro actuar durante estos meses.

El presente informe se estructura en torno a tres rubros. El primero, relativo a la función jurisdiccional, los criterios relevantes de las diversas Salas y las actividades realizadas; el segundo, contiene algunas reflexiones en torno a eventuales reformas electorales y, el tercero, abarcará las acciones que pensamos emprender el próximo año.

Quiero señalar que todas las actividades que hemos realizado en este periodo están reflejadas en un anexo estadístico, alojado en un sitio de internet, compuesto por bases de datos abiertos e información interactiva y detallada de los resultados de la gestión, que ponemos a disposición de todas y todos con la finalidad de optimizar los recursos.

Así, la sociedad podrá conocer a detalle nuestros datos, analizarlos, y proponer mejoras de gestión y acceso a la justicia, en un comprometido ejercicio de inteligencia colectiva.

La función jurisdiccional es la esencia de nuestra existencia, indispensable para los pesos y contrapesos que determinan el efectivo ejercicio del poder público, y, al mismo tiempo, nuestra contribución fundamental a la permanencia del orden constitucional democrático.

Hemos afrontado los comicios concurrentes de 2018 partiendo del reconocimiento del reto al que nos enfrentábamos y, con ello, de la responsabilidad que implicaba juzgar las elecciones más complejas de la historia, manteniendo la congruencia y alta calidad de nuestras sentencias, condiciones indispensables a fin de lograr la certidumbre para nuestra democracia.

En este periodo, comprendido del 1º de noviembre 2017 al 31 de octubre 2018, recibimos 18,745 asuntos, la mayoría vinculados con las elecciones.

De estas impugnaciones, el 67% correspondió a los comicios locales, el 7.4% a la elección presidencial y el 25% restante a las elecciones legislativas u otros cargos. El 56% de estos juicios se presentó durante la etapa de preparación de la elección.

Mantuvimos siempre la capacidad de impartir justicia pronta y oportuna. El promedio de resolución de los asuntos durante este proceso electoral ha sido de 10.6 días, que representa el tiempo más breve en los últimos tres procesos en los que ha existido la renovación del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República.

Si bien el 95% de las decisiones las tomamos por unanimidad, los disensos han sido respetados y analizados cuidadosamente por los pares, como reflejo de nuestra independencia, manteniendo así un equilibrio entre la colegialidad y el disenso.

Muchas de nuestras sentencias fueron generadoras de cambio social, al lograr la igualdad entre las personas, permitiendo su incorporación en la toma de decisiones relevantes. Daré cuenta de la línea jurisprudencial transversal que hemos trazado en materia de derechos políticos.

En este sentido, aplicamos la figura del certiorari que habilita una política judicial que dé respuesta a casos estructurales que afecten, sobre todo, derechos fundamentales de grupos en desventaja que normalmente no tendrían acceso a los tribunales. Así, cuando el estudio de los asuntos por esa vía procede, ello permite a este órgano constitucional, pronunciarse sobre temas relevantes y de trascendencia constitucional para el orden jurídico.

En este proceso hemos otorgado la voz y la posibilidad de participación política a personas hasta entonces privadas de ella. Hemos ensanchado este derecho para las y los mexicanos por naturalización o aquellos que tienen otra nacionalidad, permitiéndoles ser funcionarios de mesas directivas de casilla, postularse para ser consejeros en un organismo público local electoral y ser candidatos a algún cargo de elección popular en los ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo. Con estos precedentes hemos interpretado nuestras normas en conformidad con los criterios de convencionalidad.

Otro grupo invisible hasta ahora en nuestra ley electoral, son las personas transexuales y transgénero. Este año, por primera vez en la historia de nuestra justicia electoral, nos pronunciamos sobre su derecho a ser votadas, el alcance de la auto-adscripción y su incidencia en la paridad de género. Este precedente histórico nos permitió lograr su inclusión en la vida política.

En estas y otras decisiones nos pronunciamos por la eliminación de las desigualdades estructurales que aún afectan el ejercicio de derechos de muchas personas.

Así, conscientes de la urgencia de que se reconozca el derecho a tener voz y voto de las personas indígenas, olvidadas por la mayoría de los actores políticos, ampliamos la propuesta del Instituto Nacional Electoral, para que 13 curules de la Cámara de Diputados, correspondientes a los distritos con más de 60% de población indígena, estuvieran reservadas a candidaturas de las comunidades indígenas, postuladas de manera paritaria. Con esto dimos mayor alcance y contenido al artículo 2º Constitucional. Por otra parte, decidimos que las poblaciones desplazadas de sus comunidades por conflictos internos tienen derecho a votar por las autoridades locales de su municipio de origen, por lo que ordenamos que se instalarán casillas extraordinarias para garantizarles el ejercicio de este derecho.

En aras de dar mayor efectividad al principio constitucional de paridad de género, partiendo de que la reelección es una modalidad del derecho humano a ser votado, hemos determinado que éste debe armonizarse con la paridad, para que la participación de las mujeres no se vea mermada so pretexto de la reelección de los varones.

También, confirmamos el criterio del INE consistente en que la lista de candidaturas a senadurías de representación proporcional, así como al menos 3 de las 5 listas de candidaturas a diputaciones, deben ser encabezadas por fórmulas de mujeres. Estas decisiones permitieron que hoy ambas Cámaras del Congreso de la Unión están integradas casi de manera paritaria.

Con el mismo compromiso hacia la igualdad y paridad, establecimos que los partidos políticos que no tengan ya mujeres en sus listas, por cualquier razón, no tendrán derecho a que se les asignen curules por el principio de representación proporcional, para evitar el fraude a la ley con renuncias colectivas de mujeres, una vez votadas.

También determinamos que los funcionarios sancionados por violencia política de género, con sentencia definitiva incumplida, no pueden ser candidatos a la reelección.

Asimismo, en aras de proteger y fortalecer los derechos políticos de las personas con discapacidad, resolvimos que en la integración de los órganos políticos se debe garantizar la inclusión de estos candidatos, para que este grupo vulnerable tenga una representación real.

En el ámbito de la reparación integral del daño hemos definido el procedimiento tratándose de discriminación o violencia política de género.

Finalmente, en materia de candidaturas independientes, determinamos que debía aumentarse el porcentaje de su financiamiento privado hasta alcanzar el tope de gastos de campaña y, con ello, poder desplegar campañas más equitativas con los partidos políticos.

Con estas decisiones hemos contribuido a garantizar una democracia más libre, más paritaria, más incluyente, respondiendo de esta manera al fin de toda justicia constitucional, que es el reconocimiento y la protección de la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.

En este proceso electoral, las decisiones tomadas por el Tribunal, y las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional Electoral, permitieron la celebración de una jornada electoral ejemplar. La ciudadanía pudo votar en paz, sin que se presentaran incidentes relevantes que pudieran poner en duda su legitimidad y condición democrática. Los resultados de este ejercicio fueron aceptados por todas las fuerzas políticas en la gran mayoría de los casos, lo que es una importante señal de madurez de nuestra democracia.

Después de la jornada electoral, los votos depositados en las urnas y contabilizados por las y los ciudadanos deben traducirse en mandatos de representación específicos, mediante la aplicación del sistema electoral correspondiente. A esta finalidad está llamada la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección, un momento clave del ejercicio democrático y de la labor de este Tribunal.

Esta elección presidencial no fue la más impugnada de la historia, aunque destaca por ser la primera en la que, a través de los 286 juicios de inconformidad, se impugnó la totalidad de los 300 distritos electorales. También fue la primera elección en la que no se anuló la votación de casilla alguna.
Una vez realizado el cómputo final de esta elección, la Sala Superior procedió a analizar la validez del proceso electoral en su conjunto, para verificar que en todo momento se cumplieran los principios constitucionales y normas legales que lo rigen, y que se hubiesen observado los valores fundamentales para considerar una elección como libre, auténtica e íntegra.

A partir de este análisis, la Sala Superior determinó que la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos era válida, al ser producto de un auténtico ejercicio democrático.

Hace 12 meses señalamos que las elecciones de este año implicaban para las autoridades electorales retos importantes derivados de la coyuntura política, y de un momento difícil desde la perspectiva social, marcado por altos niveles de desconfianza en las instituciones, crecientes desigualdades sociales, e inseguridad. Sabíamos que los comicios de 2018 pondrían a prueba a nuestro sistema electoral.

Estamos convencidos de que, en este proceso, logramos conjurar los bemoles de la desconfianza. Los hechos demuestran que los comicios se desarrollaron con apego a la Constitución y a la ley.

El pasado primero de julio demostramos todos –la ciudadanía, los actores políticos, las autoridades–, que el sistema electoral que hemos construido durante los largos años de la transición es hoy un sistema plenamente democrático, en el que la ciudadanía, y únicamente la ciudadanía es quien determina el resultado.

Estos comicios, con alta participación ciudadana y un amplio margen de victoria del candidato electo, en el que los actores políticos reconocieron tanto el resultado como el actuar de las autoridades, restablecieron la confianza ciudadana.

Estamos convencidos de que las decisiones de las Salas Superior y Regionales del Tribunal, fueron un factor decisivo que contribuyó a este importante cambio.

Este trabajo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y compromiso de quienes colaboran en las áreas jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Electoral, cuyo profesionalismo, entrega, pasión y compromiso con los valores democráticos, agradecemos y reconocemos públicamente.

En el Tribunal asumimos nuestro compromiso con la ciudadanía que exige a sus autoridades rendir cuentas, de manera permanente. La rendición de cuentas que se espera de nosotros debe, además, ir más allá de un simple relato de las actividades realizadas y los recursos ejercidos: requiere de una explicación y justificación.

Con la aspiración de cumplir estas expectativas, nos hemos comprometido a ser un tribunal verdaderamente abierto, que mantiene comunicación permanente con la ciudadanía, que explica y justifica sus decisiones, y que transparenta sus actividades, todas ellas resultado de un trabajo que realizamos en conjunto quienes integramos la Sala Superior.

En efecto, en aras de lograr un mayor equilibrio de las tareas, acordamos que cada integrante del Pleno coordinaría alguna de las áreas administrativas.

Daré cuenta brevemente, y en conjunto, de las principales actividades llevadas a cabo durante este año, reconociendo a mis pares sus diversas iniciativas.

Constantemente reforzamos la labor jurisdiccional a través de la organización de actividades de divulgación, sensibilización y capacitación en materia de género y de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto dentro del Tribunal, como en otras instituciones electorales. También difundimos la cultura de la legalidad organizando diversos foros para los jóvenes en toda la República, así como a través del Tribunal Electoral Infantil.

Reconociendo la necesidad de garantizar la paridad de género en este proceso electoral, desplegamos una serie de actividades de capacitación y difusión dirigidas a las mujeres políticas, para fortalecer sus conocimientos de las reglas aplicables y capacidades de defensa de sus derechos. Asimismo, colaboramos con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, autoridades locales autónomas y universidades para promover la práctica de la política libre de violencia o estigmas de género.

También capacitamos a los funcionarios electorales, para fortalecer sus conocimientos y habilidades necesarias para juzgar con perspectiva de género, para impedir que éste afecte las capacidades de desarrollo de las personas, restringiendo las oportunidades que tienen las mujeres de perseguir sus objetivos personales, profesionales y políticos.

En el ámbito de la protección de los derechos de las y los integrantes de las comunidades indígenas, recurrimos con mayor frecuencia a la prueba antropológica, con el objetivo de conocer de primera mano la situación, problemáticas, así como las tradiciones de estas comunidades.

Asimismo, elaboramos un protocolo que establece estándares para la realización de visitas en las comunidades, cuando existan hechos de violencia política en razón de género. Tanto el protocolo como las visitas in situ, son novedosos en el Derecho electoral mexicano, y consideramos que este mecanismo nos permitirá, además de ampliar el conocimiento, lograr sentencias socialmente útiles, que de otra manera no podrían construirse por desconocimiento del entorno social y cultural.

En congruencia con este compromiso, seguimos apoyando la labor de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

Renovamos el Centro de Documentación María Lavalle Urbina, que cuenta con un área tiflológica e instalaciones accesibles con la finalidad de garantizar el acceso al conocimiento a personas con discapacidad visual, a través de servicios de lectura, grabación automatizada, así como adaptación e impresión de textos en lenguaje Braille. 

Por otro lado, para fortalecer la transparencia, hemos implementado un esquema intensivo de capacitación de todo nuestro personal, con lo que hemos recibido, por parte del INAI, los reconocimientos del “Comité de Transparencia 100% capacitado” e “Institución 100% capacitada”.

Una parte importante de nuestra misión es contribuir a la profesionalización de la judicatura electoral nacional. Por ello, trabajamos para fortalecer el Sistema de Carrera Judicial con Paridad de Género al interior del Tribunal.

El Centro de Capacitación Judicial fue convertido en la Escuela Judicial Electoral para consolidarla como una autentica institución educativa, con la finalidad de obtener capacidades para establecer directrices y objetivos para desarrollar tareas de investigación, formación, capacitación y actualización en materia electoral. Con ello, buscamos incrementar la calidad de la capacitación que impartimos a través de la Escuela. 

Asimismo, hemos impulsado la certificación de los tribunales electorales locales, en los programas Certificación Nacional de Carrera Judicial Electoral y Tribunal Abierto. Con este último programa buscamos promover la modernización de la gestión y los procesos de los tribunales electorales locales, mientras que la certificación nacional de carrera judicial electoral pretende estandarizar y consolidar los conocimientos en derecho electoral del personal jurisdiccional de los tribunales electorales. 

Hemos continuado la actualización de las tesis y jurisprudencias, para efecto de dotar de certeza a los justiciables en cuanto a nuestros criterios de interpretación de la norma.

En el ámbito internacional, este año logramos una ampliación de las relaciones con organismos internacionales, en particular en materia de observación electoral. El Tribunal recibió 19 visitas internacionales, en las que participaron, entre otras, delegaciones de la Organización de los Estados Americanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Fundación Kofi Annan, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Hemos continuado, también, con el fortalecimiento de la Red Mundial de Justicia Electoral.

Si bien las funciones sustanciales del Tribunal Electoral se concentran en el ámbito jurisdiccional, una administración de calidad es elemento indispensable para una impartición de justicia pronta.

Por ello, trabajamos constantemente para optimizar el uso de los recursos públicos y desarrollar las actividades sustantivas con los recursos asignados en una lógica de disciplina presupuestal y bajo el principio de austeridad.

Pretendemos refrendar nuestro compromiso con la sociedad y motivar cambios positivos, a través de la implementación de acciones encaminadas a transitar hacia tecnologías ecológicas y políticas sustentables.

La impartición de justicia como función del Estado implica que quienes tenemos esta potestad podamos concebir una justicia social, sea cual sea nuestro ámbito de competencia. Desempeñar un cargo público implica que velemos para que todas y todos vivamos en un contexto de justicia y paz social. Como servidores del Estado, nuestro actuar debe regirse por la responsabilidad social y ética.

Por ello, este año, el Tribunal realizó un importante esfuerzo institucional en la proyección del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, el cual representa una reducción real en relación con el presupuesto ordinario autorizado para este año de 438 millones 692 mil pesos, equivalentes al 14%. Se trata de un esfuerzo histórico, ya que esta cifra representa la reducción más alta a las finanzas de este órgano desde los inicios de su existencia.

Este importante ahorro no impedirá consolidar las metas establecidas ni comprometerá la calidad en el desempeño de este órgano jurisdiccional.

Agradecemos todo el apoyo recibido por la Consejera y los Consejeros de la Judicatura integrantes de nuestra Comisión de Administración.

Abordaré ahora el segundo rubro referente a las propuestas legislativas. 

Todo proceso electoral y, particularmente, uno con las dimensiones del que acabamos de vivir en México, implica una reflexión sobre los alcances del modelo vigente. La rendición de este informe es el momento propicio para que el juez constitucional, en su función de intérprete de la norma, sugiera al Poder Legislativo algunas de las reformas necesarias.

Este proceso demostró que aún existen inconsistencias e incongruencias en la legislación aprobada con la reforma de 2014, en virtud de que algunas de las reglas de operación no fueron actualizadas para armonizarlas con las nuevas figuras introducidas por la reforma. Ello generó serios problemas de operatividad del sistema y de interpretación de la norma. Me refiero aquí, en particular, a la problemática de la casilla única y de las reglas de escrutinio y cómputo.

Estas experiencias nos llevan a hacer un llamado respetuoso al Poder Legislativo para revisar y armonizar la ley. Nuestro sistema electoral podría beneficiarse de una reforma que atienda algunas problemáticas específicas, eliminando ciertas complejidades innecesarias.

Para ello, habrá de llevarse a cabo una profunda reflexión sobre la viabilidad de la concurrencia de las elecciones. Desde nuestra visión, consideramos que ésta no abona en la etapa de resultados, ya que los plazos de resolución se concentran en los mismos momentos, dificultando la labor de las y los juzgadores. A modo de ejemplo, diré que hemos revisado treinta y tres modelos jurídicos de representación proporcional en un periodo menor a dos meses.

Así, en el ámbito de las entidades federativas, se deberán establecer plazos límite para que los tribunales electorales resuelvan los asuntos de su competencia en tiempos razonables, que permitan la revisión de sus decisiones por las instancias superiores. La dilación en el dictado de las sentencias a nivel local obstruye el acceso a la justicia, ya que implica que la instancia federal resuelva en plazos excesivamente breves.

También es necesario revisar los requisitos y las condiciones de participación de las candidaturas independientes, para garantizar la equidad en la contienda. Habrá que reflexionar acerca del objetivo de la fiscalización de los gastos electorales. El rebase de tope de gastos de campaña es ciertamente relevante, sin embargo, el origen del dinero con el que se rebasó dicho tope es aún más importante en un sistema que busca lograr la rendición de cuentas.

Finalmente, es importante recordar la necesidad de legislar para crear un sistema de responsabilidades de los magistrados electorales locales, no puede haber funcionarios públicos sin un régimen de responsabilidad en el ejercicio de su función.

Resumiendo, los cambios legislativos deberían simplificar las reglas y la organización de las elecciones, eliminando algunos elementos que dificultan la operación del sistema electoral y que no abonan a una mayor equidad, legitimidad o protección de derechos.

En este sentido, nos parece que, más allá de la dirección específica que tome una posible reforma electoral, tarea que está a cargo del Poder Legislativo, es indispensable que reflexionemos sobre nuestro ciclo electoral –proceso, diagnóstico, reforma– en el que la mayoría de los cambios legislativos ocurridos hasta la fecha han sido resultado directo de los procesos comiciales que los precedieron.

De ahí que sea clave ajustar la ruta de las reformas. Cualquier cambio debe ser analizado a detalle, ponderando sus diversas consecuencias, tanto positivas como negativas, en el desarrollo de los procesos electorales, y tomando en cuenta voces plurales, desde la academia, hasta los actores políticos, la ciudadanía, y, por supuesto, las autoridades electorales. Hacemos un respetuoso llamado al Poder Legislativo para que, en caso de realizar una reforma, ésta se apruebe desde la racionalidad jurídica, alejada del calor de las contiendas electorales, y analizada a profundidad.

Únicamente un cambio de esta naturaleza podrá erradicar los problemas que aún tenemos y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones y sus resultados.

Por supuesto, las y los integrantes del Pleno de la Sala Superior, con nuestra experiencia como intérpretes de la norma, estamos dispuestos a coadyuvar en un proceso de revisión legislativa.

Finalmente abordaré el rubro referente a los proyectos que deberemos de emprender.

En 2019, además de resolver las impugnaciones que se presenten con motivo de las elecciones, pretendemos implementar y continuar con el desarrollo de algunos proyectos, en aras de fortalecer nuestras capacidades para mantener una actuación íntegra, incorruptible, congruente, transparente y útil para la sociedad.

Para consolidarnos como un tribunal abierto, trabajaremos para perfeccionar nuestros sistemas jurisdiccionales y administrativos, a fin de que sean más transparentes, claros y accesibles, permitiendo brindar un seguimiento puntual y óptimo de criterios y jurisprudencias, y maximizar el uso de los datos abiertos. Queremos que la ciudadanía acompañe nuestra labor cotidiana, y que esa colaboración se refleje en mejoras de gestión y en el fortalecimiento de la confianza en nuestro trabajo.

Las sentencias cambian vidas, y la ciudadanía debe conocer este impacto, por lo cual seguiremos impulsando la ciudadanización de las sentencias y su máxima difusión.

Consideramos necesario encontrar mecanismos idóneos que permitan facilitar y fortalecer el acceso a la justicia. Por ello, trabajaremos en la creación del juicio en línea, aprovechando las tecnologías de información para permitir la presentación de demandas en forma más sencilla y rápida, acercando la justicia a todas y a todos.

En materia jurisprudencial, procederemos a elaborar una sistematización de los criterios y precedentes relevantes de la Sala Superior. 

Finalmente, en el ámbito administrativo seguiremos impulsando el servicio civil de carrera y procederemos a realizar una evaluación y diagnóstico para simplificar los procesos y lograr una mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos.

Señoras y señores,

Los procesos electorales de este año fueron históricos, y nos permitieron consolidar al Tribunal Electoral como un ente de pesos y contrapesos, lo que es propio del Poder Judicial Federal al que pertenece. El fin último de todo andamiaje institucional es justamente que el sistema de pesos y contrapesos, indispensable en un Estado democrático, esté garantizado.

Por cuarta ocasión en la historia de México, el Tribunal calificó la elección presidencial contribuyendo con ello a mantener el imperio del Derecho.

Vivimos la elección más grande y observada de nuestra historia, con alta participación ciudadana de 56 millones de personas, con el margen de victoria más amplio en los últimos 36 años, y que llevó a una importante reconfiguración de la escena política nacional y local.

Fue un proceso ejemplar, a pesar de ciertas controversias, propias de las disputas por el poder político, las cuales pudieron ser resueltas a través de las vías institucionales. El ambiente postelectoral de tranquilidad, paz y aceptación de los resultados derivó, en parte, del trabajo que las autoridades electorales hemos realizado durante los largos meses que abarcó este proceso, desde los actos previos, hasta la etapa de resultados y declaración de validez.

Estamos ahora en un momento de reflexión, retrospectiva y evaluación.

Es importante recordar de donde venimos.

En la elección presidencial de 1976, solo hubo un candidato: el oficial. Hoy, 42 años después, la vida electoral y política de México es otra: en esta elección presidencial participaron todas las fuerzas políticas con registro, (9 partidos políticos), así como candidaturas independientes. En los últimos 18 años la ciudadanía ha optado en 3 ocasiones, por la alternancia. La evolución de nuestra democracia en estas cuatro décadas ha sido vertiginosa y debemos ser conscientes de ello y recordarlo diario. Esta conciencia nos permite no solo valorar lo que tenemos, sino también reconocer el trabajo de todas y todos los mexicanos que lucharon durante años para lograr nuestra democratización como nación. Estamos obligados en respetar y consolidar este camino andado y los logros obtenidos.

Las elecciones libres son la vía para transformar las estructuras que sostienen al país y para cumplir las promesas de derechos y libertades.

Por supuesto, ello no implica que tenemos un sistema electoral perfecto. Ninguna democracia lo tiene. Lo más importante es que contamos con un diseño institucional lo suficientemente robusto como para otorgar garantías especiales a todas las mexicanas y los mexicanos, quienes cuentan con un Tribunal Electoral autónomo, independiente y especializado, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y proteger los derechos políticos.

Al mismo tiempo, este sistema es perfectible y, al tener que evolucionar a la par con la sociedad, siempre será así.

Debemos recordar que, sin la base electiva, sin una democracia procedimental que funcione adecuadamente y que garantice la libre y pacífica elección de los gobernantes, no es posible construir un proyecto que logre que los valores democráticos trasciendan a otros ámbitos de la vida colectiva.

En este sentido, debemos atender los elementos indispensables con el fin de lograr una sociedad verdaderamente igualitaria y que garantice las condiciones para la participación y representación política de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

A pesar de los avances en la construcción de la democracia paritaria, debemos poner énfasis y construir herramientas efectivas para combatir la violencia política en razón de género. No podemos permitir que, a través de un fenómeno tan deleznable, se pretenda reducir los derechos y la dignidad de más de la mitad de la población.

En estas elecciones, el electorado votó, de manera contundente, por un profundo cambio político. La ciudadanía y las fuerzas políticas mostraron una madurez y convicción democrática ejemplar, estando a la altura del desafío. La participación y valores mostrados deben traducirse en el fortalecimiento de México, de nuestra democracia, de la justicia electoral y de nuestro rol como ciudadanía activa, consciente y empoderada.

El Tribunal Electoral, ha cumplido con su deber. Cumplimos la promesa que hicimos a la ciudadanía hace un año de hacer realidad las aspiraciones de democracia, de igualdad y libertad políticas. Trabajando de manera imparcial, neutral y apegada a la Constitución, garantizamos la legalidad de los comicios y el respeto al voto.

Nuestro sistema electoral, gira en torno al reconocimiento de una cuestión fundamental: el poder del voto ciudadano emitido dentro del orden constitucional. Este ha sido respetado.

Tal y como lo prometimos, impartimos justicia que da certeza a la democracia.

Hoy, México tiene instituciones fuertes, entre ellas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su fuerza reside en lo que ha aportado en estos últimos 22 años al Estado de derecho. El compromiso democrático de las mujeres y los hombres que lo han integrado –y que lo integramos– ha hecho de este Tribunal un órgano de Estado sólido. Hemos contribuido a conservar la estabilidad política.

Como integrantes de una institución de Estado asumimos nuestra responsabilidad en el cambio pedido por la mayoría de la sociedad, pues no somos indiferentes ante la realidad social de México.

Sabemos todos que dos de los pilares de la democracia son el diálogo y la tolerancia. El Tribunal está abierto al diálogo con los demás Poderes, a un diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo de nuestra independencia y de la división de poderes.

De cara a futuros retos el Tribunal seguirá siendo, ante todo, una institución a la altura de las exigencias de nuestra sociedad y garante de derechos en el marco de la neutralidad que demanda nuestra democracia, sabedores que el derecho es la condición de la democracia y conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la libertad.


Muchas gracias.


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