Las democracias de América Latina enfrentan tiempos complejos, que están poniendo a prueba las estructuras que construimos desde finales del siglo pasado para procesar los conflictos y para asegurar que la voluntad del electorado sea la que decida la dirección de los asuntos públicos de nuestros países.
Ante los complejos procesos sociales, hemos desarrollado sistemas electorales para poder ordenar la conducta de los distintos tipos de actores políticos.
Esto ha significado reconocer la función para el interés público que representan los partidos políticos y la necesidad de construir legitimidad en los resultados electorales, mediante la participación directa de la ciudadanía en las elecciones y estableciendo reglas que garanticen la equidad en la contienda.
Sin embargo, dado que los sistemas electorales ordenan la forma en que se debe acceder al poder público, estos tienen que diseñarse atendiendo al conflicto intrínseco de la lucha por el poder político.
Esta situación tiene como consecuencia que nuestros sistemas electorales estén construidos con base en la desconfianza surgida justamente de la experiencia, pues en la lucha por el poder, lo que priva no es el apego a las reglas, sino una constante búsqueda para evadir su cumplimiento y obtener ventajas indebidas para hacerse de los cargos públicos.
La desconfianza generalizada de la ciudadanía a la política es el resultado de prácticas antidemocráticas que siguen ocupando los encabezados y que se muestran en la forma de intervenciones indebidas de los gobiernos para apoyar a sus fuerzas políticas mediante recursos públicos, en la injerencia de capitales privados para impulsar candidaturas afines a intereses cupulares, y en la violencia que busca imponer y coartar la libertad de la ciudadanía en las urnas.
Y a esto, hoy en día, hay que sumar la pretensión de deslegitimar a las autoridades electorales desde el discurso público.
Voy a utilizar una idea del PSOE, la política es una oscuridad visible. Lo que debería ser un diálogo público y abierto para procesar y responder a las necesidades sociales, hoy en día se ejerce como el olvido de los deberes y la incertidumbre de todas las intenciones. Frente a esta oscuridad visible, a los órganos electorales nos corresponde tratar de iluminar los procesos de toma de decisiones, teniendo como propósito que la ciudadanía cuente con los elementos para discernir de forma auténtica entre sus opciones de representación y que tengan la confianza de que la elección de sus gobernantes corresponda con las agendas que presentaron y no a intereses ocultos que mantienen en la oscuridad.
Con base en esta idea, quisiera desarrollar 3 temáticas que van a poner justamente en evidencia algunas rutas, sólo algunas, por las que se vulnera es el respeto a la legalidad de los procesos electorales y, por ende, se aumenta la conflictividad o judicialización.
La primera de estas temáticas involucra el uso indebido de recursos económicos para alterar la equidad en las contiendas electorales y la forma en que nuestro sistema ha respondido para procurar que el capital no decida lo electoral.
En la segunda temática, abordaré la forma en que las prácticas políticas pretenden evadir el cumplimiento de la ley. No voy a poder abordarlas todas, me referiré a una que otra únicamente, y esto lo hacen acordando esquemas de simulación para escapar a las reglas que buscan dar certeza y condiciones de equidad.
Como tercero y último tema me referiré, en este ambiente de conflictividad, a la independencia de las autoridades electorales y particularmente de las jurisdiccionales, lo que implica el respeto a su función como elemento fundante de toda democracia.
A partir de estos 3 temas, mi intención es poner en evidencia que si bien una competencia electoral implica la contienda de posiciones e intereses, la conflictividad que debilita la legitimidad de nuestros sistemas electorales no es producida por esta competencia, sino que es producto de prácticas que se cometen para evadir el cumplimiento de la ley.
Inicio con el tema de los sistemas paralelos de financiamiento de campañas políticas. Hablar de dinero en las elecciones tiene que relacionarse, inexorablemente, con la forma en que partidos y candidaturas utilizan recursos públicos y privados para acceder a los puestos públicos. La transparencia en el uso y destino de estos recursos es de vital importancia para que la ciudadanía tome decisiones informadas antes, durante y después de los procesos electorales.
De una ciudadanía informada, así como de instituciones gobernantes y personas servidoras públicas que rindan cuentas, depende en buena medida la estabilidad de una democracia consolidada y saludable.
Hay un estudio que se publicó en 2018: “Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, que señala que el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas son el mayor problema de la democracia electoral mexicana.
Entre los principales hallazgos se estima que por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña para una gubernatura, hay 15 pesos que se mueven por debajo de la mesa y para este estudio hay 3 mecanismos ilegales de fondeo de campañas: el primero, desvío de recursos públicos; el segundo, aportaciones de particulares y entes prohibidos; y el tercero, financiamiento del crimen organizado.
Es verdad que el financiamiento paralelo de partidos políticos es un verdadero cáncer para la democracia y esto no es sólo en México, quiero dejarlo muy en claro, sino que es un problema global.
El financiamiento ilegal puede encubrirse a partir de actos aparentemente lícitos, como la buena fe, el ejercicio de derechos políticos o ciudadanos, o incluso de aportaciones en efectivo o en especie de personas morales y sociedades anónimas, en donde los verdaderos aportantes están encubiertos y ese es el problema. Es decir, se utilizan técnicas complejas que recurren a herramientas legales para ocultar el uso indebido de recursos, lo que pone en evidencia esfuerzos sistemáticos y cuidadosamente diseñados para evadir la ley.
Quiero hacer énfasis en esta idea. Muchas veces hablamos de compra de votos en nuestro sistema mexicano, pero pocas son las veces que tenemos claridad de lo que esta práctica ilegal implica y estos complejos esquemas de financiamiento ilegal son una terrible afrenta para la legitimidad democrática, ya que significa que pequeños grupos cupulares se organizan y ponen a disposición recursos con la única finalidad de imponer su voluntad frente a las mayorías electorales.
Y para descubrir estas simulaciones y sancionarlas, es indispensable tener órganos electorales fuertes, independientes y técnica y perfectamente capacitados. Sin estas capacidades, el respeto a la ley no deja de ser una buena intención que en la práctica no tiene forma de verificación. Un ejemplo de esto ha sido el desarrollo en la materia electoral de la teoría del levantamiento del velo, a través de la cual un órgano jurisdiccional puede penetrar los esquemas formales, para ver qué es lo que se esconde en el fondo y aplicar las leyes que se pretenden burlar.
El derecho electoral ha retomado esta teoría del velo que proviene del derecho corporativo para desenmascarar quién o quiénes se encuentran detrás del financiamiento ilegal de un partido de una campaña o de una candidatura. Esta herramienta jurídica justamente ilustra cómo los tribunales han tenido que reinterpretar figuras tradicionales del derecho, para que éstas no sean pervertidas por intereses oscuros que pretendan utilizarlas en contra de su naturaleza legal.
Si en el derecho mercantil ha sido identificada la necesidad de supervisar a los agentes económicos, en la materia electoral esta necesidad es aún mayor, ya que quienes utilizan recursos económicos de forma contraria a la ley son los partidos políticos que son entes de interés público y que, justamente como tales, deben respetar la norma y también la utilización por parte de poderes ejecutivos de dinero público.
Aquí quiero hablar de 2 asuntos emblemáticos del Tribunal Electoral: 2001 el caso de los amigos de Fox y 2003 el caso pemexgate.
En el primero, se denuncia un financiamiento irregular consistente en recibir fondos de fuentes prohibidas, empresas mercantiles y aportaciones extranjeras, que fueron recibidas por los partidos políticos Acción Nacional y el Verde Ecologista para la campaña de su candidato presidencial. Y en el asunto de pemexgate se denunció al PRI por haber recibido recursos justamente de Pemex para fines partidistas y electorales.
En el caso de amigos de Fox, la Sala Superior, su gran criterio, fue haber determinado que el entonces IFE actuaba como autoridad hacendaria y que, por ende, no le aplicaba ni el secreto bancario ni el secreto fiduciario y tampoco el secreto fiscal y, por ello, podía hacer todos los requerimientos y estos debían ser cumplidos. Fue una larga batalla jurídica en la que intervinieron jueces de distrito, que acabó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regresó al TEPJF y, finalmente, después de 4 años, el IFE pudo concluir su investigación y sancionar a los partidos políticos, lo cual en su momento fue confirmado por este tribunal.
Este caso ilustra muy bien a lo que me he referido como oscuridad visible. Sabemos que algo se mantiene oculto, pero no es hasta que los órganos electorales logran penetrar esa oscuridad que realmente podemos ver lo que se está escondiendo. Por ello, sin las capacidades técnicas y el presupuesto necesario, esto no podría investigarse. El caso del pemexgate surge a raíz de una investigación de la entonces PGR de un presunto desvío de Pemex hacia el PRI, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se habían iniciado las denuncias y aquí hay que destacar que la PGR remitió al entonces IFE pruebas documentales que fueron sumamente importantes, que demostraban la existencia de convenios entre Pemex y el sindicato petrolero, las transferencias de dinero a cuentas del sindicato y los retiros sistemáticos de efectivo por parte de personas relacionadas con el PRI, con un monto en aquella época de 500 millones de pesos. El IFE pudo llevar a cabo su investigación y se le impuso al PRI en aquella época una multa de 1000 millones de pesos, la más alta que ha habido en nuestra historia. El TEPJF confirmó la determinación del IFE y la multa.
Ahora, en un ejercicio de rendición de cuentas, no todas las decisiones del tribunal han sido tan emblemáticas, han habido otras sumamente cuestionadas; en este tema de la fiscalización y el uso indebido de recursos es importante señalar estas prácticas. Otro caso fue el caso Monex de 2012, en el que a partir de 2 tarjetas de retiro en cajeros, se detectó toda una red de movilización de dinero. Aquí se denunció a la entonces coalición del PRI y del Verde Ecologista y su candidato a la presidencia de la República.
Aparentemente el desvío alcanzaba una cantidad de 701 millones de pesos y era todo un sistema repartido desde los delegados distritales, para pagar desde los funcionarios de casilla y representantes en casillas, hasta el representante general, pero pasando también por lo que en aquella época se llamaban promotores del voto.
Estos fondos eran obviamente desvío de dinero. Se pudo detectar a partir de 2 tarjetas que se estaban utilizando por lo menos 9900 tarjetas; es decir la investigación que realizó el entonces IFE fue sumamente amplia. En la resolución final, el IFE dice que no hay nada, porque finalmente coinciden los gastos de campaña con los gastos mencionados. Únicamente determina que los institutos electorales del entonces Distrito Federal y los de Jalisco tienen que aplicar determinadas sanciones, porque ahí no cuadraban los gastos de campaña y lo que había detectado el IFE.
Esta resolución fue impugnada por el PRI y el tribunal, en aquel entonces la Sala Superior, revocó incluso y determina que no se investigue nada más. Dicha resolución fue sumamente criticada.
Lo que me parece importante del caso Monex, es que éste fue denunciado 3 días antes de la jornada electoral. Así, cuando llegó directamente a la Sala Superior no había tiempo para resolver, pero además de acuerdo con las normas anteriores, si no se resolvía en este tiempo no era posible imponer una sanción, de lo contrario sólo sancionaba la pérdida de la candidatura.
Pero ¿qué fue lo importante del caso Monex? Que a partir de defraudar la ley y un enorme desvío de dinero, se logró una reforma electoral constitucional en 2014, para evitar justamente eso, y entonces el uso de dinero de procedencia ilícita o el rebase del tope de gastos de campaña pudiese ser causa de nulidad.
Lo que tenemos es una responsabilidad de aprender de estas decisiones para procurar que las respuestas que demos a la ciudadanía sean congruentes con nuestro mandato. Y la importancia de esta responsabilidad es que tiene un refrendo constante, ya que los cambios de gobierno no han significado que los actores dejen de implementar estrategias cada vez más sofisticados para evadir el cumplimiento de la ley y poder hacerse de recursos económicos de forma indebida.
Hay casos y se ha denunciado también un indebido financiamiento de campañas. Por ejemplo, 2017 en el Estado de México, el INE no pudo desentrañar porque no hubo ninguna cooperación de las autoridades sobre el origen del dinero. La operación zafiro, que si bien el INE llegó a sus conclusiones, una mayoría de votos en la Sala Superior determinó revocar la sanción del INE.
El financiamiento ilícito de una campaña de una gubernatura de Nuevo León financiada con recursos propios y de empresas transferidos al partido político, y con eso se financió una campaña, es también otra forma de hacer un fraude a la ley, reconocido además por el interesado en medios.
Ahora, la fiscalización no se limita a la revisión de recursos públicos y privados reportados por los sujetos obligados. De acuerdo con las normas, justamente el objeto de la fiscalización es investigar, conocer y resolver sobre el origen, destino y aplicación de cualquier recurso que manejen los actores políticos.
Por ello, el ordenamiento jurídico mexicano a nivel constitucional, legal y reglamentario, provee a la autoridad fiscalizadora nacional un andamiaje institucional y normativo para el desarrollo de sus actividades. Ante la inexistencia de una prueba directa de la cual se pueda desprender la responsabilidad de un partido político, es válido que la autoridad sustente la decisión en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentren acreditados.
Voy a citar un caso en el que el candidato declara a un medio de comunicación que financiaría su propia campaña política. Y en efecto empresas y el mismo candidato transfieren dinero al partido político en cantidades que rebasan ampliamente lo que puede recibir un partido político. En su defensa el candidato dice “yo no sabía que esto se iba a utilizar para mi campaña”, bueno ya había una declaración y condición expresa de que él iba a financiar su campaña y estaban acreditados los vínculos de la familia con todas las empresas que aportaron ese monto de dinero.
Todas las inferencias estaban ahí, hasta una confesión expresa para justamente poder sancionar y llevar a cabo las acciones pertinentes, no obstante, esto no fue sancionado.
Y lo que he referido en estos casos cuando sí se ha podido demostrar y sancionar la simulación, es que éstas son malas, muy malas prácticas, que dañan y erosionan a nuestra democracia.
Voy a hablar ahora del segundo tema, pero para este segundo tema voy a contestar una pregunta: ¿Por qué existen en nuestro país reglas electorales?
Las reglas electorales existen para que no predomine la ley del más fuerte, es decir, para que la violencia y la fuerza ejercida a través de ésta no sean las que determinen la conducción de los asuntos públicos. También existen para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y con ello asegurar que los procesos por los cuales se definen quiénes ocuparán los cargos, cuenten con una certidumbre democrática. Existen para que los conflictos electorales sean resueltos con base en la ley y las razones públicas que dan sustento al estado de Derecho. Las reglas electorales no son una ocurrencia ni improvisación; son el resultado, en México por lo menos, de un largo proceso histórico.
A muchos, especialmente a los actores políticos, les molestan actualmente las reglas electorales y es verdad que la academia y los expertos, en muchos casos, consideran que en México tenemos una sobrerregulación en materia electoral y a veces un modelo que puede ser barroco o arcaico. Sin embargo, no por estas razones las reglas dejan de ser importantes y no por ello pueden dejar de cumplirse.
Ahora, ¿de dónde parten estas reglas electorales? Parten justamente de que durante siglos, brillaron por su ausencia. Nuestras distintas constituciones han sido el logro de trascendentes procesos históricos, sin embargo, siempre hubo carencias legislativas en materia de procesos electorales democráticos. Las constituciones eran insuficientes para poder regular democráticamente la renovación del poder público y, a pesar, de que se celebraba con cierta periodicidad elecciones, éstas terminan resolviéndose o por la vía de la fuerza o por la de las armas.
La lucha por el poder en México ha sido en toda nuestra historia una depuración de luchas y pacificarla nos ha tomado siglos. La lucha por el poder ha conculcado derechos políticos de los y las mexicanas de votar y de ser votadas, durante la mayor parte de nuestra vida como nación independiente. Cuando se pacificaban las elecciones, era porque una fuerza política había logrado imponerse a las minorías conculcando sus derechos.
La Revolución Mexicana tiene inicio, justamente, porque no existen canales para renovar la presidencia de la república. ¿Cómo se logró consolidar nuestra democracia? Una primera condición ha sido a través del actuar de hombres, de mujeres, que durante generaciones lucharon por lograr este avance legislativo. La segunda condición ha sido ir introduciendo de manera paulatina en nuestra Constitución una arquitectura institucional que hiciera posible tener elecciones auténticas. Es el caso de las reformas político-electorales que se han llevado a cabo desde 1977. En años posteriores, fue crucial, primero, separar al gobierno de la organización de las elecciones, creando al entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y ponerlo en manos de la ciudadanía; pero fue también necesario profesionalizar la justicia electoral y vincular el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, y darle la facultad de calificar absolutamente todas las elecciones.
Así, el sistema electoral y la democracia que tenemos se han ido construyendo a lo largo de 45 años, gracias a diversas reformas y la arquitectura institucional que tenemos hoy en día es lo que ha permitido que haya transición y que se consolide nuestra democracia.
Las reglas electorales que tenemos son también producto de ciclos electorales, cada reforma histórica ha abordado en esencia diversos tópicos que han abierto brecha a la democracia. Todas las reformas han sido peldaños por los que se ha construido nuestra democracia, por ello el ciclo de reformas electorales y sus principales tópicos definen nuestra democracia.
Esto me lleva a señalar lo fundamental que es en una democracia que se respeten las formas y los tiempos electorales establecidos en las normas. Este año ha sido inédito, porque los actores políticos inventaron procesos para definir supuestos e inexistentes cargos partidistas, siendo que realmente lo que estaban haciendo era adelantar la selección de candidaturas a la presidencia de la República antes de los tiempos establecidos en la ley y quienes recuerdan la elección de Vicente Fox, uno de reproches que fueron hechos es que llevó una campaña adelantada de más de un año.
Cuando estas impugnaciones llegan al Tribunal Electoral, tanto el proceso de elección de la persona Coordinadora de la Defensa de la 4T, como la persona Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, en lo personal y en la disidencia, sostuve que estos eran una serie de acciones tendentes a la selección de personas que serían candidatas a la presidencia de la República.
Ahora, la forma en que la política decidió ocultar la verdadera naturaleza de estos procesos, pues recurrió al mismo fenómeno que en los esquemas de financiamiento ilegales, es decir, pervertir figuras legales para evadir el cumplimiento de la ley electoral. Al evocar el derecho a la auto organización de los partidos políticos, quienes desarrollaron estos procesos, no estaban defendiendo la vida interna de sus partidos, sino que pretendieron obstaculizar la intervención de las autoridades para que no se pudiera analizar la naturaleza de estos actos.
Durante estos procesos quedó en evidencia que nuestra normativa electoral necesita ser revisada a la luz de realidades políticas actuales, pero ello es un trabajo del Poder Legislativo que de ninguna manera puede servir de argumento para evadir el cumplimiento.
Quienes resolvemos los conflictos electorales en última instancia tenemos que cuidar el orden constitucional democrático. Como juzgadores, en efecto, nos compete interpretar la ley y ciertamente en algunos casos, por sentido común, tenemos que adaptarla con la evolución social, pero no podemos permitir u ocultar su violación bajo el argumento de que la realidad ya rebasó la ley. Menos aún, cuando quienes la están violando son sus propios creadores. Justamente, permitir procesos, que yo denomino paralegales, es convalidar una simulación que solo busca evadir el cumplimiento de la ley.
Y aquí es donde nos enfrentamos a uno de los temas que en los últimos años ha afectado seriamente a nuestra democracia. Como sabemos, las leyes emanan del Poder Legislativo, que representa la voluntad popular. Acorde con nuestro sistema político, el poder legislativo está integrado exclusivamente por hombres y mujeres que pertenecen a partidos políticos, es decir, son las y los políticos electos como legisladores quienes han hecho las leyes acorde con sus visiones y convicciones del momento, y también son las y los primeros en violar la ley que rige su actuar en el espacio político-electoral; y esto en democracia es muy grave y sólo demuestra nuestra carencia de verdaderos demócratas, que acepten jugar el juego con las reglas que ellos mismos pusieron.
La falta de compromiso democrático nos demuestra que los conflictos políticos en la renovación del poder público no pueden quedar a cargo de la propia política y también exigen que esa voluntad popular sea protegida frente a otros intereses económicos y sociales que no pueden ni deben pervertir la soberanía popular.
Para que pueda existir una democracia fuerte se requieren de instituciones fuertes y aquí hablar de conflictividad, de respeto a la legalidad, implica hablar de la independencia del Poder Judicial.
La participación democrática previene el uso de la violencia, porque nos permite justamente dialogar, negociar, acordar y, en especial, reconocernos como parte de una misma comunidad; mientras que la política es inestable y se basa en ideas de conflicto, las normas constitucionales son el resultado de consensos generales, en los cuales están representados los intereses mínimos indispensables para la comunidad.
Los acuerdos constitucionales significan el punto de encuentro de nuestras libertades, el reconocimiento de nuestra igualdad al interior de nuestras comunidades y, sobre todo, el plan de ruta a través del cual vamos a caminar todos.
Surge entonces la pregunta de a quién le corresponde vigilar que las constituciones prevalezcan frente a las tentaciones expresadas en las pasiones políticas y esto ya quedó resuelto, es al Poder Judicial.
Y la importancia de que existan personas jugadoras que decidan controversias conforme a lo que mandatan las constituciones y no conforme a lo que ordena la política, puede explicarse a pesar de los 2 mecanismos que vivimos hoy en día que tratan de desvirtuar esta situación. El primero es una estigmatización desde el poder político de las personas juzgadoras y el segundo mecanismo es la desnaturalización del trabajo de quienes impartimos justicia con el fin de vaciar las sentencias de su contenido jurídico.
Cuando atacar a quien imparte justicia y a las razones de sus decisiones no es suficiente, entonces un poder autoritario acude a la desinformación, y cuando una decisión no favorece a sus intereses, se presenta como una decisión sesgada u ordenada por otros. Estos ataques lo que ilustran es la necesidad de tener poderes judiciales independientes de las inercias políticas y que cuenten con las garantías institucionales necesarias, es decir, la independencia judicial debe entenderse al servicio de la imparcialidad únicamente.
Cuando el poder político se impone, entonces ya no hay participación, no hay diálogo y son pocos los intereses que importan en desmedro de las necesidades ciudadanas que requieren de la acción e intervención del Estado. Esto significa que la independencia no tiene un valor en sí misma, sino que su valor es instrumental; es decir la Independencia valdrá tanto como el uso que se le da. Mayor valor tendrá si esta independencia sirve para poner de lado las presiones y alejarse del ruido de los clamores políticos para decidir conforme a lo que mandata la Constitución. En cada sentencia tenemos la posibilidad de afianzar o debilitar la independencia de toda judicatura. Una mala sentencia abre la brecha para que desde ahí se filtre y se difumine la crítica.
Construir y defender poderes judiciales independientes implica entender al poder no como la capacidad de imponer a los demás una decisión, sino como lo dijo Hannah Arendt, como la capacidad de actuar en concierto. Fingir que existe algo como una opinión pública unánime, elimina a quienes difieren, porque la unidad masiva no es el resultado de un acuerdo. Por ello, ante esta creciente conflictividad de los procesos electorales, se requiere de un tribunal cuyas decisiones se rijan exclusivamente por la Constitución. Entender que el juez constitucional se vuelve un contrapeso cuando los otros dos poderes violan la norma fundamental únicamente. De no ser el caso, son tres poderes que pueden caminar en la misma ruta trazada por la Constitución.
La alta y creciente conflictividad se debe al no respeto de las y los actores políticos de las reglas que rigen las elecciones, a una búsqueda constante de mecanismos que les permitan desviar la ley para ganar el poder político, y en este complejo entramado de actos armados desde esta oscuridad visible, el juez electoral, en su responsabilidad de preservar la legalidad propia del estado de Derecho, es a veces calificado como el enemigo de la democracia.
Concluyo reiterando que la democracia requiere de demócratas. Se requieren actores políticos que respeten las reglas electorales que ellos mismos aprobaron en el pasado, en un acto de congruencia, porque después vemos que cambian los aires políticos y también cambian sus puntos de vista y actitudes, conforme a las mayorías del momento. Se requieren actores políticos que celebren cuando la justicia electoral les da la razón, celebran sus triunfos en las urnas cuando estos ocurran; pero que también tengan la madurez y responsabilidad social de aceptar cuando la justicia electoral falla en su contra, o bien de alzar la mano de sus contrincantes cuando éstos han triunfado.
Lamentablemente cada vez vivimos, y no sólo en México, en muchos países del mundo, entornos políticos más polarizados y agresivos, no sólo en contra de los adversarios electorales o los simpatizantes de opciones políticas distintas, sino en contra de las autoridades electorales.
En momentos en los que nuestro país se prepara para el ejercicio de su derecho al voto en una escala la más grande, es vital comprender que la calidad de nuestro sistema electoral y la justicia de sus decisiones son esenciales para el éxito de nuestra democracia. Votar es un derecho político de la ciudadanía, pero lo que sí es una responsabilidad y un deber, es preservar y cuidar la democracia.
Muchas gracias.
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