Sin duda, el servicio profesional electoral fue un hito, un parteaguas para contar con servidoras y servidores públicos profesionales e imparciales que garantizaran en nuestro país elecciones libres y auténticas.
Tan fue crucial este servicio profesional en la consolidación de nuestra democracia, que la reforma de 2014 permitió homologar su calidad en todos los institutos electorales del país.
Lamentablemente, en el debate público actual, este servicio profesional no está siendo valorado como se debería, e incluso está en riesgo su continuidad. Sin embargo, aquí en el Tribunal Electoral hemos decidido avanzar en la ruta de la profesionalización y por ello expreso mi reconocimiento al magistrado presidente por encabezar este esfuerzo institucional.
Durante las audiencias públicas y las reuniones de trabajo que sostuvimos en la Comisión de Fortalecimiento el año pasado, nos quedó claro que fortalecer al Tribunal es fortalecer a su capital humano, a las y los servidores públicos.
Las instituciones están conformadas por personas con nombre y apellido y mientras más capaces sean en su trabajo, en su desarrollo y quehacer diarios, podrán ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
El nuevo servicio civil de carrera administrativa nos permite tener y formar recursos humanos de calidad, teniendo en mente que nuestro objetivo institucional es brindar un mejor acceso a la justicia y proteger los derechos humanos de carácter político electoral de la ciudadanía.
Otra cuestión fundamental para fortalecer al Tribunal es que debemos ampliar sus servicios y su atención a los grupos históricamente marginados e invisibilizados.
Porque si bien antes la función electoral tenía como su principal objetivo que los votos se contarán y se contarán bien —cuestión que se logró justamente con el servicio profesional electoral del IFE— ahora en esta nueva etapa democrática es fundamental incluir la voz de todas las personas, especialmente de las que pertenecen a grupos históricamente invisibilizados, porque una democracia, para serlo efectivamente, debe ser inclusiva.
Por ello, celebro que el pasado 19 de agosto el Tribunal Electoral dio un paso más hacia la efectiva garantía y respeto de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al transformar la Defensoría Electoral de Pueblos y Comunidades Indígenas en una nueva Defensoría Electoral, que amplía el universo de sujetos a los que se les presta el servicio de orientación, asesoría, representación jurídica y coadyuvancia en la mediación.
Con esta acción, se reconoció, por un lado, los resultados que dio la anterior defensoría en la protección de los derechos de las personas indígenas y, por otro, se identificó la necesidad de ampliar y profundizar la defensa de derechos a otros grupos de la sociedad que lo necesiten.
Con la creación de la nueva defensoría ahora, además de integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, se ofrecen servicios a personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica, como son las mujeres los residentes en el extranjero, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como personas adultas mayores, de la diversidad sexo genérica y las que se encuentran en prisión preventiva.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que cualquier persona que considere que se encuentra en un grupo con estas características puede justificarlo y solicitar los servicios. Esto nos permite abrir el universo a personas que por alguna razón no estemos contemplando, lo cual será muy útil para identificar grupos en situación de discriminación o desventaja que requieran de los servicios de la justicia electoral.
Asimismo, los servicios que ofrezca la defensoría deben realizarse con perspectiva de género, interseccional e intercultural. Es decir, comprendemos que las personas que acuden a solicitar estos servicios pueden formar parte de uno o más de estos grupos y es obligación de las y los defensores atender a las diversas necesidades de acuerdo con esta visión amplia y comprensiva.
Por otra parte, la creación de la nueva Defensoría Electoral incluyó nuevas reglas en la designación de la persona titular, así como la creación de un servicio profesional de defensoras y defensores que mediante exámenes, capacitación y concursos garantizará que los mejores perfiles sean los que defiendan con imparcialidad y profesionalismo a las personas que acudan a solicitar sus servicios.
Dice el académico José Luis Méndez que el objetivo central de cualquier gobierno en materia de recursos humanos debe ser que las personas más capaces y mejor calificadas lleguen a los puestos administrativos. Esto, sin embargo, únicamente puede ocurrir mediante los mecanismos de un servicio civil de carrera bien diseñado, que asegure que el ingreso, la formación, la evaluación, la promoción y, en su caso, la separación de los funcionarios se base en sus capacidades y habilidades profesionales, y no en relaciones personales o partidarias. Y que gracias a estas renovadas estructuras administrativas, más eficaces y profesionales, los gobiernos puedan rendir cuentas claras a la ciudadanía.[1]
Estoy cierta de que con el nuevo servicio civil de carrera administrativa del Tribunal nos colocamos en esta ruta. Mi felicitación a todos los participantes a este seminario. Muchas gracias.
[1] Méndez,
J. L. (1999) “La experiencia del servicio profesional electoral: Algunas
lecciones para la creación del servicio civil de carrera en México” en Revista
de Administración Pública Número 103. México: Instituto Nacional de
Administración Pública, A.C., pp. 93-109.
No hay comentarios:
Publicar un comentario