martes, 20 de agosto de 2019

Reforma Electoral, oportunidad para mejorar y fortalecer. II de II




Para seguir con la reflexión sobre la oportunidad de que una #ReformaElectoral fortalezca a la democracia, me gustaría sumar tres apartados a los dos ya expuestos en la entrada anterior.

3. Sistema de Partidos Políticos

En el sistema electoral de partidos políticos, el diseño legislativo puede contribuir a la resolución de la hiperlitigiosidad enfocándose en tres aspectos:

Primero, en la simplificación y aclaración de reglas electorales, a fin de evitar la controversia sobre las mismas y en consecuencia la litigiosidad.

Lo podríamos lograr modificando, por ejemplo, algunas reglas de campañas, a fin de reducir las impugnaciones relativas a los contenidos de los mensajes de propaganda.

Podríamos también simplificar una gran parte de las reglas electorales, que tendría que reducir los conflictos competenciales y las dudas acerca de su implementación.

En segundo lugar, podrían adoptarse medidas que contribuyan a agilizar los procesos de justicia electoral, por ejemplo, actualizando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Efectivamente, es necesario actualizar la Ley de Medios, para incorporar los criterios emitidos por el TEPJF durante los últimos 20 años, respecto de la procedencia de los diversos juicios y recursos.

También podría implementarse el juicio electrónico.  Lo idóneo sería que las y los actores —la ciudadanía, los partidos, etc.— pudieran presentar las impugnaciones a distancia, a través de los medios electrónicos. Con ello podríamos, además de fortalecer el acceso a la protección de la justicia, reducir los tiempos y los costos de tramitación de los recursos.

Por otra parte, deberían establecerse plazos límite para que los tribunales electorales estatales resuelvan las impugnaciones de su competencia. Lamentablemente, la dilación en el dictado de las sentencias a nivel local obstruye el acceso a la justicia, ya que implica que la instancia federal resuelva en plazos extremadamente breves.

El objetivo es que los tribunales electorales resuelvan las impugnaciones de su competencia en tiempos razonables, para así permitir la revisión de sus decisiones por las instancias superiores.

Y, en tercer lugar, sería conveniente el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), a fin de resolver con mayor agilidad la litigiosidad en el sistema de partidos políticos.


La literatura especializada menciona principalmente tres tipos de MASC: mediación, conciliación y arbitraje.[1] Los tres tipos tienen elementos en común y a la vez importantes diferencias, conforme a lo siguiente:

·      La mediación consiste en un proceso en el cual un tercero, ajeno a las partes, facilita la comunicación entre ellos para delimitar el conflicto y encontrar una solución;

·  La conciliación añade a las funciones de facilitador —delimitar el conflicto y apoyar la comunicación entre las partes— el generar propuestas de solución; y

·    El arbitraje implica un rol más protagónico del tercero imparcial, quien después de escuchar a las partes impone la solución al conflicto y es de cumplimiento obligatorio.[2]

Asimismo, los MASC pueden funcionar como:

· Mecanismos de solución de conflictos post-electorales entre el  gobierno y la oposición;

· Mecanismos para reforzar el cumplimiento de la normatividad electoral; y como
  
·   Mecanismos de solución de conflictos electorales.

En nuestro país, desde 1997, se ha iniciado el proceso de reconocimiento e incorporación de los MASC en las legislaciones locales y la federal. Sin embargo, este proceso ha estado enfocado en la justicia penal y en los asuntos civiles, mercantiles y familiares.[3]

No obstante, también hay precedentes en materia electoral. Por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en su artículo 46, obliga a los institutos políticos a establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que deben ser de sujeción voluntaria y su desarrollo debe respetar las formalidades del procedimiento.

Me parece que el establecimiento de los MASC ayudaría a aliviar la hiperlitigiosidad en el sistema de partidos, en temas —por ejemplo— relativos a la vida interna partidista o en la elaboración y aceptación de los reglamentos y lineamientos que aprueben las autoridades electorales para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.

4. Sistemas Normativos Internos

En lo que concierne a los pueblos y comunidades indígenas, cabe señalar que también sus conflictos político-electorales han estado incrementándose a través del tiempo, por diversas causas.

De esta forma, pasamos de 9 asuntos tratados en el proceso electoral de 2006-2007 a 444 asuntos en el proceso electoral 2017-2018; y previamente 569 asuntos en el proceso electoral 2016-2017.[4]

A diferencia del sistema de partidos —donde hay una sobreregulación— en los sistemas normativos internos existe un vacío legal que ha sido colmado a través de las sentencias del Tribunal Electoral, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y fortalecer el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Sin embargo, para hace eficiente su acceso a la justicia, me parece que también en este sistema electoral serían altamente útiles los MASC.

El objetivo sería implementar mecanismos de justicia alternativa más idóneos y congruentes con la cosmovisión de los pueblos y comunidades, que a la vez puedan permitir a las partes conflictuadas alcanzar acuerdos favorables para ambas.

La implementación de estos mecanismos de justicia alternativa podría evitar la tan frecuente polarización de las posturas y la generación de conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.

El reconocimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos ayudaría a las comunidades a resolver de forma autónoma los posibles desacuerdos, así como recurrir a la justicia del Estado únicamente de manera excepcional.

Por ejemplo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca (CIPPEO) ya prevé un mecanismo de mediación (artículos 264 al 266), para atender las controversias que se presenten durante los procesos de elección bajo sistemas normativos internos y que debe ser empleado antes de acudir a cualquier instancia estatal.

Este Código define la mediación como: “un método de resolución alternativa de conflictos electorales, basado en la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el diálogo, el respeto y el consenso, implementado por el Instituto con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos, en los procesos electorales en municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos” (artículo 266).

En esos procesos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, funge como mediador principal.[5]

De acuerdo a su regulación,[6] el proceso puede iniciar a petición de parte o por resolución de autoridades electorales (judiciales o administrativas).

Cabe señalar que el mecanismo establecido se asemeja más al de conciliación que al de mediación, toda vez que prevé un papel activo del facilitador en la articulación de la propuesta, a partir del “diseño de una propuesta general de atención, tratamiento y resolución del conflicto, por parte del mediador o mediadora, así como un programa y agenda de trabajo”.[7]

De esta forma, en Oaxaca el proceso de mediación es utilizado para atender los conflictos en las comunidades que eligen a sus autoridades bajo sistemas normativos internos.
  
5 Los MASC fortalecerían la justicia electoral

En suma, los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden fortalecer ambos sistemas electorales: tanto el de partidos políticos como los sistemas normativos internos, a fin de agilizar y resolver los problemas de hiperlitigiosidad.

La propuesta de fortalecer los mecanismos alternativos en el ámbito del derecho electoral es acorde con las tendencias mundiales y nacionales, que pretenden promover soluciones a los conflictos entre partes, a partir de una igualdad efectiva y no como simple formalidad ante la ley. 

Por supuesto, las particularidades de la materia electoral exigen algunas regulaciones específicas para hacer compatibles las lógicas de mediación con la del Derecho electoral mexicano. Entre ellos podrían incluirse las siguientes reglas:

Primero. La mediación es un mecanismo alterno a los medios convencionales (juicios y recursos), aunque no los niega ni elimina. De hecho, son posibles escenarios en los que se incorpora la mediación, en ciertos y determinados ámbitos, o bien acorde a lo que determine el juez o tribunal, durante la sustanciación de los medios de impugnación.

Segundo. La mediación se puede llevar a cabo en tanto quien deba decidir lo tenga que hacer.

Tercero. La vinculación a determinada salida, sugerida o no por parte del mediador, debe ser voluntaria y libremente aceptada.

Cuarto. Los ámbitos del Derecho electoral en los que se pudiera recurrir a la mediación son los asuntos relativos a los sistemas normativos internos, la vida interna de los partidos políticos, así como la elaboración de los reglamentos, lineamientos y otros instrumentos que aprueben las autoridades electorales para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Quinto. La mediación debe ser realizada por funcionarios independientes y con conocimientos especializados en utilización de ese tipo de mecanismos, por lo que requiere de creación de una estructura que podría tener cabida al interior del Tribunal Electoral.

Y sexto. Los acuerdos logrados a través del procedimiento de mediación deberían ser revisados y certificados por la autoridad electoral, para verificar que cumplan con los requisitos de constitucionalidad y legalidad. Lo anterior, en virtud de que en cualquier caso la validez de la solución adoptada podría ser cuestionada por quien tenga interés.


Concluyo esta entrada seriada diciendo que ante el contexto actual de hiperlitigiosidad —y conscientes de las complejidades que implica—debemos explorar las posibilidades de extender la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a la justicia electoral federal, considerando que podrían ser útiles en los potenciales conflictos con entramados normativos abiertos o complejos, y que además admiten varias soluciones posibles.

Estoy convencida de que los mecanismos alternativos de solución de conflictos deben ser parte de una próxima reforma electoral.





[1] José Alfredo Plascencia García, Los medios alternativos de solución de conflictos como principio de legalidad y el notariado en la justicia electoral. Sufragio, Revista Especializada en Derecho Electoral, No. 7, noviembre de 2011, p. 188.
[2] Ibídem.
[3] María Guadalupe Márquez Algara y José Carlos De Villa Cortés, Medios alternos de solución de conflictos, en: Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner, México: SJN, UNAM y Konrad Adenauer Stiftung, 2013.
[4] https://www.te.gob.mx/informe/wp-content/uploads/2018/11/Informe-2017-2018_versi%C3%B3n-electr%C3%B3nica_light.pdf
[5] Artículo 1.3 de los Lineamientos y metodología para el proceso de mediación en casos de controversias respecto de las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos.
[6] Artículo 10 de los Lineamientos y metodología para el proceso de mediación en casos de controversias respecto de las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos.
[7] Artículo 20, inciso b.

lunes, 19 de agosto de 2019

Reforma Electoral, oportunidad para mejorar y fortalecer. I de II



En días recientes tuve la oportunidad de participar en el Seminario Reforma Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Compartimos ese espacio para dialogar sobre qué Reforma Electoral es necesaria, ¿queremos una Reforma Electoral que permita fortalecer la democracia y a las instituciones, o queremos exclusivamente una que permita ahorros presupuestales? Ambas cosas, con enfoques muy distintos, se pueden lograr sin alterar el modelo electoral que funciona y está demostrado.

A continuación les comparto una serie de reflexiones sobre aquellos asuntos que deberían ser atendidos en una Reforma Electoral.

1.Hiperlitigiosidad

Desde sus orígenes, la justicia electoral en nuestro país ha mostrado una clara tendencia al incremento de litigios.

Sin duda, este problema tiene diversas causas. Una de ellas es el hecho de que los partidos políticos han encontrado en los tribunales electorales una nueva arena para enfrentarse y disputarse el poder. Es por ello que la hiperlitigiosidad abarca ya todas las etapas del proceso electoral y no sólo la impugnación de los resultados electorales.

Desde mi punto de vista, al utilizar los partidos los medios de impugnación como una estrategia de campaña —más que como medios de defensa—, estamos generando la percepción de que nuestro sistema no funciona.

Otra causa de la hiperlitigiosidad —y paradójicamente ésta sí debe apreciarse como un aspecto positivo— es el incremento de los juicios del ciudadano. Esto refleja que cada día más ciudadanas y ciudadanos recurren a la justicia electoral cuando estiman que han sido violados sus derechos político-electorales.

Una causa más de la hiperlitigiosidad tiene que ver con lo disputado y cerrado de los resultados electorales. Por ello, por ejemplo, en las últimas elecciones federales de 2017-2018 hubo menos asuntos (18 mil 745) que en las elecciones federales de 2011-2012 (19 mil 233), pese a que también hubo elecciones concurrentes en 30 entidades federativas.

Sin duda, en este hecho influyó la diferencia de más de 30 puntos porcentuales obtenidos entre el primer y el segundo lugar de los candidatos a la presidencia de la República.

No obstante, el fenómeno de la hiperlitigiosidad, la función social de la justicia electoral se mantiene estable: resolver los conflictos electorales conforme a Derecho.

La justicia electoral pacifica la lucha por el poder entre actores y fuerzas políticas. Y, además, contribuye a promover en la sociedad la democracia y sus principios, así como los Derechos Humanos en su vertiente político-electoral y la igualdad sustantiva.

2. Reforma electoral abre la posibilidad de disminuir la litigiosidad

La posibilidad de llevar a cabo una nueva reforma electoral permite ahora a nuestro país incorporar nuevos y mejores mecanismos, a fin de resolver la hiperlitigiosidad en la justicia electoral.

Es decir, una reforma electoral es una gran oportunidad para agilizar la justicia electoral, en beneficio de todos quienes acuden a ella en busca de la protección de sus derechos y libertades.

Para que esto sea así, debemos señalar claramente que la reforma debe incorporar mejoras a los dos modelos electorales que existen en nuestro país, es decir, tanto al sistema de partidos políticos, como a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas.

No obstante que el sistema de partidos políticos es el punto central de la reforma, no debemos olvidar los sistemas normativos internos. La próxima reforma electoral es una magnífica oportunidad para respaldar a nuestros pueblos y comunidades indígenas en sus demandas de representación política y justicia electoral.

*-*-*-*-*-

Mañana, en este espacio, compartiré la segunda parte de esta reflexión.

lunes, 5 de agosto de 2019

Derecho Indígena. Reflexiones sobre el compromiso con la igualdad. 3 de 3


En publicaciones previas a esta entrega seriada ofrecí una introducción sobre la situación del derecho indígena, el papel del Tribunal Electoral en este espectro de atención y a la reflexión a detallar tres acciones recientes en las que el Tribunal Electoral ha actuado a favor de los derechos de las personas indígenas.

En esta, la tercera y última parte de la secuencia de publicaciones, profundizaré en el análisis de dos acciones concretas más, al tiempo que comparto reflexiones finales sobre el derecho indígena. 


Cuarto, hemos protegido y restaurado los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

La lucha de las mujeres indígenas por la igualdad es una lucha doble: frente al Estado, ante el cual demandan el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos, y al interior de las comunidades, exigiendo el respeto de sus derechos como mujeres.

En el Tribunal Electoral hemos señalado que en las elecciones por usos y costumbres deben respetarse los derechos de votar y ser votadas de las mujeres, en condiciones que garanticen la igualdad sustantiva y no sólo formal.

Consideramos que las elecciones bajo sistemas normativos indígenas están vinculadas a respetar las normas y principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo el de la igualdad jurídica sustantiva entre la mujer y el hombre. De ahí que las normas del derecho indígena deben promover y respetar el derecho de voto de las mujeres tanto en su vertiente activa como pasiva.

También se ha manifestado que la participación de las mujeres en la toma de decisiones debe ser real, activa y relevante, por lo que no es aceptable que esta se limite únicamente a aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por algún grupo.

Recientemente, entre las prácticas discriminatorias que prohibió el Tribunal estuvo la exigencia de que las mujeres indígenas que quisieran acceder al cargo de presidencia municipal hubieran tenido que haber cumplido con el sistema de cargos y acreditado el tequio, tomando en cuenta el servicio a la comunidad realizado por sus esposos.

En el caso se consideró que dicha exigencia, establecida en el municipio San Pedro Mártir, Ocotlán, Oaxaca, resultaba discriminatorio y coartaba la participación de las mujeres que no estuvieran casadas (SX-JDC-7/2017 y acumulado).

Ahora, hacia adelante, tendremos el reto de aplicar la reforma constitucional de la paridad en todo en lo concerniente a la representación indígena.[1]

El objetivo de esta reforma es proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica en un mandato para la participación paritaria, especialmente en aquellos espacios en donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno.

Además, el Legislativo consideró importante modificar la fracción Séptima del Apartado “A” del artículo segundo de la Constitución federal, para incluir el principio de paridad de género en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Adicionalmente, el artículo cuarto transitorio del Proyecto de Decreto establece que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad de género.

Cabe destacar algunos aspectos contemplados ya en las Constituciones de las entidades federativas. Por ejemplo:

·        Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Veracruz, garantizan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres.

·        Chiapas fomenta la “participación y empoderamiento” de las mujeres en procesos de elección indígena.

·        Estado de México y Yucatán, garantizan que las mujeres y hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en “condiciones de igualdad”.

·        Morelos elige a los representantes de su gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de paridad frente a los hombres.

·        Nuevo León garantiza la “participación de las mujeres indígenas” en la toma de decisiones relacionadas a la vida comunitaria.

·        Oaxaca procurará la “paridad de género” en los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Finalmente, quienes trabajamos en el Tribunal Electoral tendremos que poner todo nuestro conocimiento, sensibilidad y profesionalismo para que la justicia electoral proteja los derechos de las mujeres indígenas.

Y, quinto, también protegimos el voto de desplazados indígenas en las elecciones de 2018.

Efectivamente, el año pasado protegimos los derechos de las comunidades indígenas desplazadas de su territorio por hechos de violencia, garantizando su participación en las elecciones federales y locales (SUP-JDC-366/2018).

También reiteramos que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas, aun cuando su población sea minoritaria, o bien existan dos o más comunidades en un mismo territorio (SUP-REC-411/2018).

En Chiapas, ante hechos de violencia en mayo de 2016, al menos 240 personas indígenas tsotsiles se vieron obligadas a desplazarse a otro territorio para que su vida no estuviera en riesgo.

La comunidad desplazada no estaba en condiciones de ejercer sus derechos político-electorales en las elecciones de 2018.

Algunas de las personas no contaban con la credencial de elector por haberla perdido o dejado en los domicilios de los que huyeron, algunas otras por haber cumplido la edad suficiente para poder votar viviendo en el campamento.

Los demás que sí contaban con la credencial tampoco podían ejercer su voto, ya que acudir a la casilla que les corresponde en función de su antiguo domicilio implicaba poner en riesgo su vida y su integridad física.

En este terrible contexto, la comunidad solicitó los servicios de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

A partir de la intervención de la Defensoría, la comunidad solicitó al Consejo General del INE que hiciera tres cosas:

·        La primera, que se instalara una casilla especial en el campamento en el que se encontraban, para que pudieran votar en las elecciones federales y locales (para la Presidencia de la República, senaduría, diputación federal, diputación local y ayuntamiento de su origen);

·    La segunda, que realizara la reimpresión de credenciales para votar de aquellas personas que no contaban con una;

·        La tercera, que tramitara una credencial para votar para quienes cumplieron la edad suficiente para votar.

    Como el Consejo no respondió con rapidez, la Defensoría representó a la comunidad en la presentación de un juicio ciudadano ante la Sala Superior.

Al resolver el asunto (SUP-JDC-366/2018), la Sala Superior determinó que, efectivamente, en el contexto fáctico y jurídico en el que se había presentado la petición, la autoridad responsable fue omisa en responder en un plazo breve a su solicitud, violando con ello el derecho de petición, previsto en el artículo 8° de la Constitución federal.

En la sentencia se señaló que las autoridades están obligadas a atender las peticiones formuladas por la ciudadanía por escrito y en un periodo breve.

En el caso, la autoridad no cumplió con esta obligación, ya que, dada la situación extraordinaria en la que se encontraba la comunidad, así como la urgencia de cara a la jornada electoral, era el Consejo General del INE quien debía pronunciarse exhaustivamente respecto de la petición.

El Pleno consideró también que, cuando se presentó el juicio, ya había transcurrido el plazo breve del que dispone la autoridad para emitir una respuesta, y que ya no era viable seguir esperando la actuación del Consejo, ya que un mayor retraso haría imposible la instalación de una casilla especial para la comunidad.

En consecuencia, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE que, en ejercicio de sus facultades, diera respuesta a la solicitud, verificara si las personas indígenas que se encontraban en el campamento cumplían con los requisitos para votar por los cargos de elección popular y, de ser así, emprendiera las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de su derecho al voto por todos los cargos de elección popular a los que, en condiciones ordinarias, podrían elegir.

En este contexto, el caso establece un parámetro relevante para la actuación del Estado y nos permite hacer una reflexión sobre el papel de la justicia como garante de derechos humanos.

5.Cierre

Estoy convencida de que el trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —así como la labor de la Defensoría— reflejan el compromiso que tenemos con la igualdad entre todas las personas y con garantizar los derechos de libre determinación y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.


Confío en que esta conferencia contribuya a su labor jurisdiccional. Asimismo, las invito y los invito a todos ustedes a defender la causa indígena, a proteger los derechos de sus pueblos y comunidades. Ello nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática.



[1] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019. Véase https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019

lunes, 29 de julio de 2019

Derecho Indígena. Reflexiones sobre el compromiso con la igualdad. 2 de 3



En al primera parte de esta entrega seriada ofrecí una introducción sobre la situación del derecho indígena y el papel del Tribunal Electoral en este espectro de atención. 

Dedicaré esta segunda parte de la reflexión a detallar tres acciones recientes en las que el Tribunal Electoral ha actuado a favor de los derechos de las personas indígenas.

 Primero, hemos fortalecido el Derecho indígena señalando que la perspectiva intercultural exige reconocer la equivalencia de las cosmovisiones que representan las distintas culturas.

Además, esta perspectiva requiere que el problema jurídico se analice atendiendo la diversidad de los usos y costumbres, pues son comunidades indígenas distintas y cada una se rige por su sistema normativo interno y es sujeta de los derechos fundamentales respectivos, entre estos, el relativo al autogobierno (SUP-REC-61/2018).

Esta perspectiva nos lleva, además, a identificar el caso de si es indispensable contar con más información del sistema normativo interno de la comunidad indígena en cuestión, así como de los elementos socioculturales que la identifican.

Por tanto, con frecuencia nos exige recurrir a un dictamen antropológico para conocer a fondo las tradiciones, las costumbres y el ejercicio de poder en las comunidades (SUP-REC-249/2018).

En este sentido, en la actual magistratura de la Sala Superior establecimos la tesis vigésima sexta de 2018 de rubro:

  • DICTAMEN ANTROPOLÓGICO. ES UNA FACULTAD QUE PUEDE SER ACORDADA PREFERENTEMENTE MEDIANTE ACTUACIÓN COLEGIADA DEL ÓRGANO JUDICIAL (XXVI/2018).


Además, hemos emitido una importante jurisprudencia para fortalecer la perspectiva intercultural como las 18 y 19 de 2018 de rubro:

  • COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN DE IDENTIFICAR EL TIPO DE LA CONTROVERSIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A FIN DE MAXIMIZAR O PONDERAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDA (18/2018).
  • JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (19/2018).


En otras palabras, la perspectiva intercultural nos permite apreciar y comprender de la mejor manera posible a las comunidades, así como sus tradiciones, problemáticas y necesidades. Nos hace entender que las autoridades no debemos imponer nuestra visión de las cosas, sino buscar las mejores soluciones y equilibrios, a fin de lograr la protección efectiva de los derechos de todas y todos, en armonía con los derechos humanos y la cosmovisión propia de las comunidades.

Sin lugar a dudas, la perspectiva intercultural fortalece el acceso efectivo a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo, estamos fortaleciendo del acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas.

Recientemente resolvimos en la Sala Superior una contradicción de criterios (CDC-1) para flexibilizar los plazos legales, cuando se interpongan recursos relativos a sus sistemas normativos internos.

Establecimos como regla general que del cómputo de los plazos se descuenten los días inhábiles en términos de la ley. Y que —sin perjuicio de lo anterior— se tomen, además, todas las medidas necesarias para hacer más flexible el cómputo de la oportunidad de los medios de impugnación.

Esta regla general debe aplicarse tratándose de medios de impugnación vinculados con elecciones por sistema normativo interno o con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes; y que no estén relacionados con el sistema de partidos.

Esta regla general procura un gran beneficio en el acceso a la justicia, ya que las comunidades indígenas podrán contar con mayores recursos temporales para preparar su defensa, tomando en cuenta que los plazos en la materia electoral son breves: 4 días para el juicio ciudadano y 3 días para el recurso de reconsideración.

Estos términos son más estrechos aún, si tomamos en consideración que en los días inhábiles cierran los comercios y los servicios, especialmente en las comunidades rurales. Esto hace complicado que los actores en esos días inhábiles lleven a cabo actividades relacionadas con su defensa jurídica.

Como ustedes saben, preparar una defensa jurídica requiere, en muchas ocasiones, de un especialista en derecho para poder canalizar los agravios que tenga la comunidad. Y, asimismo, la Sala Superior ha reconocido que las comunidades indígenas se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, que puede hacer difícil el acceso a una defensa jurídica adecuada.

Cabe señalar que la Sala Superior, en diversos precedentes, había razonado en el sentido de descontar específicamente los días inhábiles de impugnaciones relacionadas con pueblos y comunidades indígenas.[1]

En suma, optamos por sostener como obligatoria esa regla general, sin perjuicio del deber de todas las autoridades de flexibilizar las barreras a la entrada de la jurisdicción. Incluso, en forma posterior al término de los días inhábiles, de conformidad con las circunstancias concretas que aleguen las partes o se deriven del expediente.

De esta forma, ha quedado establecida la jurisprudencia 8 de 2019 de rubro:

  • COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS E INHÁBILES.


Además, para fortalecer su acceso a la justicia, establecimos en 2016 —como es sabido— la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

A tres años de su creación, me parece que la Defensoría está logrando posicionarse como un puente entre los colectivos indígenas y las instituciones de justicia electoral. Está logrando que las y los indígenas vean en la Defensoría a una instancia a su servicio.

Tercero, en las últimas elecciones federales establecimos medidas afirmativas en el Legislativo en favor de la representación indígena.

Efectivamente, la Sala Superior decidió fortalecer las medidas especiales encaminadas a garantizar la representación política efectiva de los indígenas en el Congreso de la Unión, a través de la sentencia SUP-RAP-726/2017 y acumulados.

En la sentencia determinamos la validez constitucional del establecimiento de esta medida especial, reconociendo que su finalidad es desaparecer la situación de desigualdad, mediante un tratamiento diferenciado, justificado en el contexto histórico de exclusión de los indígenas en el sistema de partidos políticos, para acceder a un cargo de elección popular.

Asimismo, decidimos que era necesario fortalecer las medidas propuestas originalmente por el INE, con el objetivo de incrementar su efectividad. En particular, nos preocupaba que la postulación de personas indígenas y no indígenas en un mismo distrito pudiera limitar la efectividad de las acciones afirmativas.

Por ello, ordenamos que los partidos deberían postular únicamente candidatos indígenas en 13 distritos, en los que existe una concentración indígena que supera el 60% de la población total, a fin de garantizar que los representantes que resultaran electos fueran personas que poseyeran esa calidad y formaran parte de las comunidades y pueblos indígenas en tales distritos.

Asimismo, señalamos que, de las 13 personas postuladas como candidatos indígenas, no se podrían postular a personas del mismo género en más de 7 distritos.

Finalmente, para garantizar la autenticidad de la representación política de la población indígena —y para que no se vaciara de contenido la acción afirmativa mediante la postulación de ciudadanos que se autoadscribieran como tales, aunque no lo fueran— determinamos que era necesario que quienes pretendieran ocupar las candidaturas, deberían acreditar su autoadscripción con base en elementos objetivos.

Es decir, las y los aspirantes tuvieron que demostrar el vínculo con la comunidad del distrito por el que se postularon; por ejemplo, haber prestado servicios comunitarios o haber desempeñado cargos tradicionales.

Con esta sentencia logramos que hubiera 13 diputadas y diputados pertenecientes a las comunidades indígenas y reconocidos por éstas. Es un pequeño avance que todavía no refleja en forma proporcional el 21.5% de la población que se reconoce a sí misma como indígena de nuestro país[2] y que no permite que sus representantes tengan suficiente capacidad de influir en las políticas públicas. Sin embargo, es un avance en la dirección correcta, impulsado por las autoridades electorales.

En este sentido, también establecimos en la Sala Superior la tesis vigésima cuarta de 2018 de rubro:

  • ACCIONES AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR (XXIV/2018).


En la siguiente entrada detallaré dos puntos más: derechos de mujeres indígenas y de indígenas desplazados.


*Esta entrada forma parte de una serie de reflexiones compartidas en la Sala Regional Monterrey del TEPJF, el 19 de julio de 2019





[1] SUP-REC-0826-2015, SUP-REC-153/2017, SUP-REC-1136/2017, SUP-REC-1207/2017 y SUP-REC-1187/2017.
[2] Conforme a la encuesta intercensal del INEGI, el 21.5% de la población mexicana se reconoce a sí misma como indígena. INEGI. 2015.
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf