lunes, 4 de noviembre de 2019

Apuntes sobre identidad étnica en la credencial de elector.



En la sesión más reciente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los y las Magistradas que integramos el Pleno, resolvimos en relación al SUP- JDC-84/2019 y SUP-JDC-103/2019 y acumulados, en relación a la incorporación del dato de identidad indígena en la credencial de elector.

En esta entrada les comparto mis reflexiones sobre el tema.


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Este asunto tiene lugar a partir de la solicitud que una ciudadana del pueblo kiliwa le hace al INE para que en su credencial para votar aparezca su identidad indígena. El Instituto niega esa posibilidad alegando, entre otras cosas, que no tiene competencia, que no tiene forma de verificar si la afirmación de la identidad indígena es o no cierta y que, en todo caso, tendría que llevarse a cabo una consulta.

En el proyecto que presenté en conjunto con el magistrado Reyes Rodríguez, proponemos revocar esa determinación del INE. El problema central de esta discusión tiene que ver con la posibilidad de incorporar el elemento identitario en la credencial de elector a partir de la auto adscripción simple de quien afirme pertenecer a un grupo o comunidad indígena.

En la propuesta concluimos que esto es posible a partir de las siguientes consideraciones.

El artículo 2 de la Constitución federal, establece la conciencia como criterio fundamental para la aplicación del régimen normativo indígena.

Este mismo criterio se observa en el Convenio 189 de la OIT[1] cuando señala que la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican sus disposiciones[2].

Los derechos a la libre determinación y autonomía abarcan la capacidad para decidir las formas internas de convivencia y organización política.

También la posibilidad de elegir conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes, con el fin de que realicen el ejercicio de sus formas propias de gobierno.

Ello, a su vez, implica la obligación del Estado de establecer instituciones y políticas que garanticen la vigencia de esos derechos, así como el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, el artículo 8, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Tribales, reconoce el derecho a conservar las costumbres e instituciones propias.

El artículo 34, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a promover, desarrollar y mantener los sistemas jurídicos propios.

En este contexto, estimo que el reconocimiento de una ciudadanía igualitaria puede requerir tanto el respeto a la identidad de cada persona, así como, el respeto a las actividades, prácticas y modos de ver el mundo que son objeto de una valoración singular o que son inseparables de los miembros de los grupos en situación de desventaja[3].

Ciertamente existe una necesidad, y a veces exigencia de reconocimiento, conforme con el artículo 2 de la Constitución federal.

Esa exigencia se vuelve apremiante debido al vínculo entre el reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano.

La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este.

En ocasiones, por el falso reconocimiento de la otredad, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo.

El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en modo de ser falso, deformado y reducido[4].

De esta manera, el derecho a la identidad de las personas y comunidades indígenas se encuentra garantizado tanto por nuestro bloque constitucional como por el convencional; es decir, el Estado se encuentra obligado a garantizar la protección de la identidad e integridad cultural de los pueblos indígenas.

En el presente asunto, sale a relucir la estrecha relación que existe entre el derecho a la identidad y el deber del Estado, el reconocimiento es la principal tarea para proteger el derecho de identidad de las personas y, a partir de una política de diferencia vinculada al reconocimiento de las culturas minoritarias e indígenas, se protegen los valores que la constitución reconoce, como la pluriculturalidad.

Partiendo de lo anterior, se estima que el dato referente a la pertenencia de una persona a un pueblo indígena debe aparecer en la credencial de elector si así se solicita expresamente.

La inscripción del dato relativo a la pertenencia de una persona a un pueblo indígena en la credencial tendrá la misma función y efecto que la manifestación unilateral que pudiera hacer una persona respecto de su autoconciencia o auto adscripción.

Esta Sala Superior ya ha tenido la oportunidad de emitir criterios respecto de la importancia que tiene la mera manifestación unilateral para la identidad de las personas.

Me refiero al juicio ciudadano 304 de 2018[5] donde indicamos que, “partiendo de que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, debemos concluir que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto”[6]. 

A mi parecer dicho razonamiento es aplicable y debe trasladarse en este asunto, donde si bien los supuestos son distintos (en un caso se trata de identidad sexo-genérica y en el presente de identidad indígena), el valor que se le da a la autoadscripción para determinar una las identidades, es coincidente.

Esta Sala Superior ya ha reconocido que la credencial de elector tiene una doble naturaleza[7], ya que constituye un documento que cumple dos funciones que son indisolubles:
  • Es un documento de identificación oficial.
  • Es el documento exigido para votar.


Dicho en otros términos, por disposición legal la identificación de las y los ciudadanos debe llevarse a cabo, por el momento, en un documento de naturaleza electoral cuya función preponderante es el ejercicio del derecho al voto.

Sin embargo, que la función primaria de la credencial sea de índole electoral, no descarta que en las condiciones actuales también sea exigible tutelar el derecho a la identidad —y a la identidad indígena— en la credencial de elector, pues por mandato legislativo actualmente también cumple esa función de identificación, que es indisoluble a la electoral en los términos que ya ha desarrollado esta Sala Superior.

Dicho carácter de identificación oficial lo reconoce el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el propio acuerdo reclamado, al estar previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto de expedición de la Ley General de Población[8], ya que, al no existir una cédula de identidad ciudadana, resulta viable que se establezca en la credencial para votar a fin de garantizar dicho derecho a la identidad.

Dada esta dualidad de funciones de la credencial de elector, el proyecto señala que el dato relativo a la pertenencia de una persona a un pueblo indígena debe aparecer si así lo pide la parte interesada.

Ello, por las siguientes razones:

La inclusión del dato mencionado forma parte del reconocimiento de la identidad indígena tanto en su dimensión formal, como en su vertiente de instrumento para el fomento a la promoción de dicha identidad.

El que se registre esa información contribuye al desarrollo de la función electoral, pues es un elemento necesario para efectuar las adecuaciones culturales correspondientes en la toma de decisiones en los procesos electorales.La propuesta trae consigo diversas ventajas como la de sensibilizar a las autoridades a las que se presenta la credencial para votar, quienes podrán saber que la persona se identifica a sí misma como integrante de un pueblo indígena.

Asimismo, la incorporación de este dato en la credencial de elector es acorde a los estándares interamericanos de protección a la identidad indígena; es decir, el proyecto sigue los considerandos vertidos por la Corte Interamericana en los asuntos identificados como Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay[9], así como en el de Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador[10]

Por otro lado, el temor a que una herramienta sea mal empleada no debe ser un criterio para dejar de implementarla, en tanto que ello restringiría un derecho que debe ser garantizado a un grupo que ha sido excluido históricamente.

Lo anterior, se robustece con los argumentos vertidos en asuntos internacionales como los casos de Atala Riffo y Niñas v. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[11] y Palmore v. Sidoti[12] de la Suprema Corte Estadounidense.

Ambas cortes siguieron la línea argumentativa que señala que el Derecho y los Estados deben propiciar el avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos. Es decir, el argumento de la posibilidad de generar discriminación no puede utilizarse para discriminar a las personas.

Es importante indicar que en el proyecto se indica que la incorporación de la autoadscripción indígena en la credencial, al tratarse de una manifestación unilateral, no desconoce que los propios pueblos y comunidades indígenas, en ejercicio de su autonomía, pueden definir las condiciones o características a partir de las cuales se reconocen como integrantes del grupo, así como la libertad de la comunidad de darle algún efecto a la credencial dentro de su sistema normativo interno.

Asimismo, subsiste la obligación del INE de verificar una autoadscripción calificada en el registro de candidaturas de partidos políticos que se encuentren reservadas a indígenas.

El que la autoadscripción indígena se incorpore a la credencial de elector no excluye ni descarta que para el ejercicio de otros derechos, las autoridades competentes, de acuerdo a la legislación aplicable y a las particularidades del caso, podrían ponderar las circunstancias y elementos involucrados y, mediante una motivación reforzada, variar los criterios de identificación de la calidad indígena de una persona, exigiendo algo más que la sola declaración unilateral.

Considero que el principio de progresividad nos ordena ampliar el alcance de la protección del derecho a la identidad cultural en la mayor medida de lo posible, sin retrocesos, de acuerdo con las circunstancias de hecho y de derecho.

Frente al argumento de que esta medida sería costosa en términos presupuestales, es importante tener en cuenta que, al tratarse de un derecho humano -la identidad-, se debería probar que se analizaron todas las vías posibles, que se realizaron todos los esfuerzos posibles para utilizar el máximo de los recursos disponibles; y que la ausencia de medios materiales se justifica por la satisfacción de otro derecho de igual relevancia. Lo anterior no excluiría la posibilidad de que, de forma progresiva, se fuese haciendo realidad la medida en cuestión.

Estoy convencida de que los criterios que sustentan este proyecto garantizan la protección más amplia de las comunidades y pueblos indígenas.


[1] Artículo 1.2.
[2] Ver también el Artículo 33.1 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.
[3] TAYLOR, Charles. El Multiculturalismo y “La política del reconocimiento”. Comentarios de Amy Gutmann, Steven C. Rockefeller, Michael Walzar y Susan Wolf. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pp. 21. Entre otras cuestiones, el autor, señala que la lucha por el reconocimiento solo puede encontrar una solución satisfactoria, y ésta consiste en el régimen del reconocimiento recíproco entre iguales.
[4] Op. Cit. Pp. 43-44. Charles Taylor sostiene que, a partir de 1492 los europeos proyectaron una imagen de los indios y de los pueblos colonizados en general, como inferiores, “incivilizados” y mediante la fuerza de la conquista lograron imponer esta imagen a los conquistados.
[5] En dicho asunto, la Sala Superior consideró que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona. Por lo que, bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción manifiesta.
[6] SUP-JDC-304/2018 y acumulados, párrafo 282.)
[7] SUP-RAP-109/2010
[8] Dado que la Cédula de Identidad Ciudadana no ha sido regulada a la fecha, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reformó y adicionó disposiciones de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, estableció en su parte final lo siguiente: 
“… En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que proporcionará el Instituto Federal Electoral proveniente del Padrón Electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la Credencial para Votar con fotografía prevista en el artículo 164 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral”.
[9] Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006.
[10] Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.. Sentencia de 27 de junio de 2012.
[11] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo y reparaciones. Sentencia del 24 de febrero de 2012.
[12] 466 U.S. 429.

miércoles, 23 de octubre de 2019

Pueblos originarios migrantes. Reflexión obligada



Recientemente tuve la oportunidad de participar en el foro “Participación política de los pueblos originarios migrantes”, organizado por la Asociación del Tribunales Electorales de la República Mexicana.

 En este espacio se dialogó en torno a un tema democrático soslayado e invisibilizado, en lo que concierne justamente a los indígenas migrantes y su participación política.

Les comparto en este espacio mis reflexiones sobre tan relevante asunto.

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Gracias a la gran labor de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cada vez hablamos más de los derechos políticos de las personas indígenas, sin embargo, esto casi no es así con relación a los indígenas migrantes.

Este tema en particular nos obliga a abordar no sólo el aspecto étnico, sino también otros temas sociales complejos, como son propiamente la migración y el desplazamiento forzado, a los que me referiré de manera breve.

Migración y desplazamiento forzado

Desde sus orígenes, el ser humano ha estado en constante tránsito y movimiento. Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que migrar por necesidad o, incluso, por cuestiones de sobrevivencia.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el concepto de “migrante” es un término genérico no definido en el derecho internacional.

El término “migrante”, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones.[1]

Los pueblos indígenas no son ajenos a la migración, como dinámica social. Un gran número de pueblos indígenas se desplazan o migran de sus tierras ancestrales por diversos motivos como las pérdidas de sus tierras y recursos naturales, los efectos del cambio climático, o el establecimiento e imposición de fronteras nacionales que dividen sus territorios.

Muchas de las personas indígenas que migran terminan asentándose en áreas urbanas en expansión. Tan solo el año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que en América Latina al menos el 40 por ciento de los pueblos indígenas se encontraban en áreas urbanas.[2]

En el fenómeno migratorio es importante a la vez especificar entre dos conceptos distintos, diferenciados por los expertos, como son la migración interna y el desplazamiento forzado.

La migración interna hace referencia al movimiento de las personas dentro de las fronteras de un país, que suele medirse a lo largo de límites regionales, de distrito o municipales[3].

En lo que respecta a este fenómeno, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 3 millones 290 mil migrantes internos, donde una proporción significativa de la migración interna proviene de zonas rurales y comprende una alta participación de población indígena[4].

En cuanto al desplazamiento forzado, de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los desplazados internos forzados lo constituyen “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”[5].

En este caso, de acuerdo a la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de Derechos Humanos, en 2016 el sector indígena fue el más afectado, en al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado y señala esta organización que durante el mismo año se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en 12 entidades del país (Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas). 

De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.[6]

Migración indígena: un pendiente a visibilizar

Lamentablemente estas cifras de migración interna y desplazamientos forzados no distinguen con precisión entre personas indígenas y quienes no lo son.

De esta forma, las experiencias de los migrantes indígenas a menudo se pierden en los datos generales, precisamente porque sus casos se agrupan en categorías sociales más grandes.

Por ejemplo, en el caso de la migración interna, los migrantes indígenas a menudo se agrupan dentro de la categoría de migrantes rurales.

En el caso de la migración internacional, rara vez se separan de otros del mismo país de origen, a pesar de sus características lingüísticas y culturales distintas.[7]

En el contexto de la migración, la invisibilidad de la identidad cultural de los pueblos indígenas constituye un desafío global a la hora de proteger sus derechos humanos.

En México, contamos tanto con el fenómeno de la migración interna de grupos indígenas por motivos económicos, como la migración indígena que es realmente un desplazamiento forzado por cuestiones de violencia.

Ambos grupos indígenas son mayormente ignorados e invisibilizados en nuestra sociedad.

Justamente una forma de lograr que dejen de ser ignorados las y los indígenas migrantes es darles voz; otorgarles representación en las autoridades municipales y en los órganos legislativos; y esto se logra protegiendo sus derechos político-electorales.

Me referiré brevemente a un par de casos en los que ha actuado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para proteger los derechos de indígenas que han migrado por cuestiones económicas o hechos de violencia.

Jornaleros en  Baja California

Primero me refiero al caso de los jornaleros en el noroeste de nuestro país. Efectivamente, muchas y muchos indígenas, al no contar con opciones económicas en las zonas rurales, se sienten atraídos por la posibilidad de encontrar trabajo en otras regiones, entornos urbanos o países.

Sin embargo, como se señalaba, la migración indígena también ha estado ocurriendo al interior de nuestro propio país y no sólo hacia las ciudades, sino para trabajar como jornaleros en las cosechas de hortalizas y granos en estados como Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, entre otros.

Precisamente, uno de los casos más representativos de migración indígena interna es el que se genera alrededor de los campos agrícolas. Las personas migrantes salen de sus lugares de origen para trabajar en los campos como jornaleros; sin embargo, en ocasiones aceptan laborar bajo condiciones de trabajo menores a lo que estipula la ley.

El 58.5 por ciento de las y los jornaleros agrícolas que migran proviene de municipios de muy alta o alta marginación. Esta dinámica ha conllevado al empobrecimiento de los lugares de origen, en particular de aquellos denominados como estados expulsores, tales como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí y la zona de población indígena de Chihuahua.[8]

Se puede afirmar que gran parte del desarrollo del sector agrícola, descansa sobre las espaldas de los jornaleros indígenas y está definida por su composición étnica.[9]

Me detengo a analizar la resolución que recientemente se tomó en esta primera circunscripción electoral, donde un indígena migrante activó la acción de la justicia electoral.

Una persona de origen mixteco realizó una consulta ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con las medidas compensatorias a implementarse en favor de los pueblos y comunidades indígenas para el proceso electoral local 2018-2019.

En el caso, la Comisión Especial de Igualdad de género y no discriminación del Instituto emitió un dictamen, en el que declaró improcedente la implementación de medidas compensatorias en favor de pueblos y comunidades indígenas en Baja California, al no cumplirse el criterio porcentual de representatividad.

Se consideró, en esencia, que en el Estado de Baja California la representatividad de la población indígena no alcanza los porcentajes determinados para que se consideren municipios y/o distritos indígenas, que son aquellos donde el 40% o más de su población total es indígena.

El Tribunal local y la Sala Regional confirmaron la determinación del instituto. El asunto llegó a la Sala Superior en recurso de reconsideración (SUP-REC-28/2019).

En el pleno consideramos que en términos de los artículos primero y segundo constitucionales es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, aun cuando la población indígena sea minoritaria.

En este sentido, la implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento idóneo para materializar el pluralismo nacional.

Justamente, las acciones afirmativas posibilitan que personas pertenecientes a minorías tengan el derecho efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública de nuestro país.

En el caso concreto, la implementación de acciones afirmativas tendría como fin hacer realidad la igualdad material y, por tanto, la representación y participación política en condiciones de equidad, de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Baja California, sean migrantes o locales.

Para lograrlo, las autoridades electorales deben establecer precisamente instrumentos, a fin de hacer prevalecer los principios de igualdad y no discriminación en favor de los grupos minoritarios.

Por tanto, se le dio la razón al actor, se revocaron las sentencias previas y se vinculó al Instituto local para que, con la debida oportunidad, realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena, a fin de que éstas sean aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, en materia de registro y postulación de candidaturas al Congreso local, así como a los Ayuntamientos en que ello sea viable.

Ahora bien, ¿qué ha dicho el Tribunal Electoral cuando se le han presentado casos de desplazamientos forzados?

Caso desplazados en Chiapas

En el 2018, la Sala Superior tuvo la oportunidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una comunidad indígena que había sido objeto de desplazamiento interno forzado.

El caso surge como consecuencia de hechos violentos ocurridos en mayo de 2016, donde al menos 240 personas indígenas tsotsiles se vieron obligadas a desplazarse a otro territorio para que su vida no estuviera en riesgo.

La comunidad desplazada no estaba en condiciones de ejercer sus derechos político-electorales en las elecciones de 2018. Algunas de las personas no contaban con la credencia de elector por haberla perdido o dejado en los domicilios de los que huyeron, algunas otras por haber cumplido la edad suficiente para poder votar viviendo en el campamento. Los demás que sí contaban con la credencial tampoco podían ejercer su voto, ya que acudir a la casilla que les corresponde en función de su antiguo domicilio implicaba poner en riesgo su vida y su integridad física.

En este contexto, la comunidad solicitó los servicios de la Defensoría Pública Electoral y a partir de la intervención de la Defensoría, la comunidad solicitó al Consejo General del INE que hiciera tres cosas:

La primera, que se instalara una casilla especial en el campamento en el que se encontraban, para que pudieran votar en las elecciones federales y locales (para la Presidencia de la República, senaduría, diputación federal, diputación local y ayuntamiento de su origen).

La segunda, que realizara la reimpresión de credenciales para votar de aquellas personas que no contaban con una.

Y, la tercera, que tramitara una credencial para votar para quienes cumplieron la edad suficiente para votar.

Ante la falta de respuesta pronta, la Defensoría representó a la comunidad en la presentación de un juicio ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Al resolver el asunto (SUP-JDC-366/2018), la Sala Superior determinó que, efectivamente, en el contexto fáctico y jurídico en el que se había presentado la petición, la autoridad responsable fue omisa en responder en un plazo breve a su solicitud, violando con ello el derecho de petición, previsto en el artículo 8° de la Constitución federal.
  
En consecuencia, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE que, en ejercicio de sus facultades, diera respuesta a la solicitud, verificara si las personas indígenas que se encontraban en el campamento cumplían con los requisitos para votar por los cargos de elección popular y, de ser así, emprendiera las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de su derecho al voto por todos los cargos de elección popular a los que, en condiciones ordinarias, podrían elegir.

A manera de cierre

Estos ejemplos representan apenas casos incipientes en los que el Tribunal Electoral se ha pronunciado en favor de indígenas que han migrado por cuestiones económicas o de violencia.

Me parece de suma importancia enfatizar lo imperante que representa que los indígenas migrantes y todos aquellos que sienten que son conculcados sus derechos políticos-electorales acudan a las instancias de justicia.

No podemos actuar de oficio las instancias de justicia electoral, necesitamos que demanden para pronunciarnos y desplegar el manto protector de la justicia.

En esta tarea, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se ha convertido en una aliada clave en la defensa de los derechos de las personas indígenas.

Los servicios que brinda la Defensoría —profesionales y absolutamente gratuitos— han abierto la puerta a muchos quienes, sin su apoyo, no lograrían llevar su caso ante las instancias del Estado.

Gracias a las demandas de las personas indígenas, y de la ayuda jurídica de la Defensoría, hemos podido garantizar, en muchos casos, los derechos de votar y ser votadas de las mujeres indígenas.

Gracias a las demandas y a la Defensoría, hemos podido emitir resoluciones —como Tribunal— en las que se reconoce que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas está al mismo nivel que la norma formalmente legislada.

Los derechos y la participación indígena no pueden ser reducidos al ámbito local, al ámbito de la comunidad, a los sistemas normativos internos y a la excepción.

Deben convertirse en un asunto nacional, para garantizar que las personas indígenas —sean migrantes o no— tengan la misma capacidad y oportunidades de influir en nuestro destino colectivo.

No podemos considerarnos una democracia si no hacemos frente a los retos que enfrentan nuestros ciudadanos y buscamos medios para garantizar su participación política.

Quiero insistir que, a mi parecer, la participación de las personas indígenas es clave para lograr los avances que hemos alcanzado y lo será para atender los retos que tenemos por delante.

Las demandas que recibimos nos abren la oportunidad para hacer el cambio. Sin ellas, nuestra función y nuestra labor se vacía de contenido.




[1] International Organization for Migration, Glossary on migration, IML Series No. 34, 2019, disponible en: https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
[2] Véase: http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/08/Press-release-SPANISH-2018.pdf
[3] Véase Informe sobre Desarrollo Humano 2009 Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
[4] Véase informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, p. 35
[5]  Numeral 2 de los Principios rectores de los desplazamientos internos. Disponible en https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html
[6] Véase Desplazamiento interno forzado en México. Disponible en http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/
[7] Yescas C. Hidden in plain sight: Indigenous migrants, their movements, and their challenges. The Online Journal of the Migration Policy Institute. 2010 https://www.migrationpolicy.org/article/hidden-plain-sight-indigenous-migrants-their-movements-and-their-challenges
[8] Organizaciones de la Sociedad Civil, Informe sobre la Situación General de los Derechos de los Migrantes y sus Familias en México: Elaborado en ocasión de la visita a México del señor comisionado Felipe González, Relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México, julio de 2011, pp. 7-8
[9] Abbdel Camargo Martínez, « Migración indígena y la construcción de un territorio de circulación transnacional en México », Trace [En línea], 60 | 2011, Puesto en línea el 01 diciembre 2011, consultado el 15 septiembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/trace/1751