Las mexicanas y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero son, indiscutiblemente, parte de la ciudadanía mexicana. Por ello, las autoridades electorales nos encontramos obligadas a garantizar su participación en la vida política de México.
Son también un grupo en situación de vulnerabilidad al cual en muchas ocasiones se les impone una doble exclusión, en la que no se les reconoce como parte de su comunidad de origen, “porque se fueron” y tampoco se les reconoce como parte de la comunidad a la que migraron, “porque no nacieron ahí” o porque sus antepasados no son originarios de ese lugar.