miércoles, 16 de septiembre de 2020

Posicionamiento en relación al SUP-JDC-1903/2020

Yo, en este asunto, de manera muy respetuosa votaré en contra del proyecto que se nos está presentando y para ello quiero, antes de situar el contexto, citar al filósofo en derecho Carlos Nino que establece que el control judicial robustece el constitucionalismo democrático al establecer una institución independiente, capaz de proteger derechos y garantizar la eficacia de las normas que han sido aprobadas conforme a los procesos democráticos. 

Y esta función adquiere especial importancia respecto de los procesos democráticos, debido a que no son una actividad espontánea, sino producto de reglas. 

Los procesos democráticos requieren estabilidad, la cual no puede quedar condicionada a un conjunto de reglas que varíe conforme a voluntades políticas pasajeras o condicionadas exclusivamente al juicio de la opinión popular. 

Las reglas del proceso democrático deben ser guías confiables que permitan amplitud de la participación para la toma de decisiones, la libertad de la ciudadanía para expresarse en la discusión democrática, así como la igualdad de condiciones para participar en los procesos de decisión. 

En ese sentido, la misión central del Tribunal Electoral es velar porque las reglas del procedimiento, las condiciones de la discusión y las decisiones democráticas se apeguen al marco legal. 

Uno de los elementos que garantiza la integridad electoral dentro de un partido político es, justamente, la periodicidad de la elección de quienes integran sus órganos internos. 

En tanto que se trata de un componente sustancial en la duración del mandato de los cargos, así como es la manera de limitar el poder y garantizar la alternancia en la conducción de los institutos políticos. 

Las sentencias que se deben cumplir y que se han emitido en este caso, tienen como componente coincidente y sustancial que se logre la renovación de la dirigencia del partido político Morena, es decir, que se preserve la democracia en la vida interna del partido. 

La sentencia de la cual emanó justamente esta orden al Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo la encuesta para renovar exclusivamente la Presidencia y la Secretaría General del partido político Morena data del 30 de octubre del 2019; es decir, hace ya más de 10 meses, diríamos casi 11 meses y además ha iniciado el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. 

Y esto fue lo que llevó a esta Sala Superior a determinar por mayoría la necesidad de llegar a un cumplimiento sustituto, a través del Instituto Nacional Electoral, encargándole la realización de una encuesta para poder elegir no a un órgano de dirección del partido, ya que el órgano de dirección del partido es el Comité Ejecutivo Nacional del mismo, sino exclusivamente la Presidencia y la Secretaría General de este Comité Ejecutivo Nacional. 

En dicha sentencia, que era un incidente dentro del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1593/2019, se estableció y lo leo: “El INE queda en completa libertad de determinar el método, a través del cual se pueda realizar la encuesta referida. En esa amplia libertad que se le otorga para determinar el método y condiciones de la encuesta, el INE podrá auxiliarse de las herramientas e instrumentos que considere necesarios para dicho efecto.” 

A partir de ahí emite el INE lineamientos, posteriormente una convocatoria y se le dio un plazo de 45 días que, si no me equivoco, concluyen el 4 de octubre. 

El primer factor que está aquí en juego es finalmente el cumplimiento de sentencias de este Tribunal Electoral tendentes a que se cumpla con lo establecido en la normativa del partido político que es la renovación de todos sus órganos, aquí por lo menos lo que es Presidencia y Secretaría General. 

Me parece que, si este pleno decidió confiar en una solución técnica, como lo fue el caso de ordenar la encuesta para hacer cumplir su sentencia y renovar la diligencia del partido político morena entonces, debemos confiar en la técnica de la encuesta y refrendar las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral con el apoyo y el sustento de expertos en materia de encuestas máxime que en la sentencia incidental, como ya lo señalé, en la que se aprobó el cumplimiento sustituto, se le dejó amplia libertad al Instituto Nacional Electoral para implementar las acciones necesarias y realizar la encuesta. 

Bajo ese contexto, considero que no existe una limitación indebida del número de candidaturas para los cargos a la Presidencia y la Secretaría General del partido, por lo que debe subsistir encuesta de reconocimiento, además de que no se vulnera, en mi opinión, la certeza en cuanto a aspectos metodológicos de la encuesta. En los lineamientos el propio Instituto motivó las razones del número de participantes. 

Considero además que la instrumentación de acciones para cumplir con la paridad de género, principio que más allá de un mandato jurisprudencial, es un mandato constitucional, considero que, en este momento, acorde con el esquema diseñado por el propio Instituto Nacional Electoral no se estaría, con la primera encuesta de reconocimiento, vulnerando dicho principio. 

Podría, en su caso, ordenarse al Instituto Nacional Electoral que en base a los resultados de esta encuesta de reconocimiento tomase las medidas para cuando se lleve a cabo la encuesta determinar las reglas prescritas. Recordando aquí primero, que en la sentencia que emitimos incidental establecimos que el registro no podía hacerse en fórmula, sino que tenía que ser un registro individual por cargo. 

Y recordando también que el órgano de dirección no lo son quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría General, sino un Comité Ejecutivo Nacional. 

Por ello también considero que la eliminación de la fase de encuesta de reconocimiento dificulta incluso la implementación de medidas afirmativas. 

No comparto otras consideraciones del proyecto, también en el ámbito de la acumulación. Me parece que únicamente son admisibles el recurso de apelación SUP-RAP-48/2020,, promovido por el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, así como el juicio ciudadano SUP-JDC-1903/2020, promovido por Antonio Attolini Murra, quien tiene un interés directo ya que se registró como candidato para uno de los dos cargos, para los cuales se llevará a cabo la encuesta. 

Por ende, considero que al estar en una situación de excepción en la que lo que se está impugnado es un acto emitido en vías de cumplimiento de una sentencia emitida por esta Sala Superior y no de un acto partidista, todos los demás actores no tienen interés jurídico directo. 

Reitero que me parece que la técnica es, justamente, lo que en este caso permitirá que se cumpla la sentencia emitida por este Tribunal Electoral y con ello refrendar la vigencia del Estado de derecho. 

Lo que en el caso concreto puede ocurrir es que con el dictado de una sentencia se impida o demore el cumplimiento de otra sentencia. 

Estas son las razones que me llevan a votar en contra del proyecto, anunciando la emisión de un voto particular. 

Muchas gracias.

*Transcripción del posicionamiento emitido en Sesión deó la Sala Superior efectuada el 15 de septiembre de 2020

lunes, 7 de septiembre de 2020

Día internacional de las mujeres indígenas

La lucha de las mujeres indígenas por la igualdad es una lucha doble.

Por un lado, frente al Estado, ante el cual demandan el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos, y por otro lado, al interior de las comunidades, exigiendo el respeto de sus derechos como mujeres.

 

Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos señalado que en las elecciones por sistemas normativos deben respetarse los derechos de votar y ser votadas de las mujeres

 

Consideramos que las elecciones bajo sistemas normativos internos están vinculadas a respetar las normas y principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo el de la igualdad jurídica sustantiva entre la mujer y el hombre. 

 

El Tribunal Electoral se ha hecho cargo también de combatir, revertir y sancionar la violencia política en razón de género en las comunidades indígenas

 

Nos hemos apoyado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 

En el Tribunal Electoral lo hemos denominado como bloque de convencionalidadaplicable precisamente en casos de violencia política de género.[1]

 

Además, para reforzar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, establecimos en 2016 la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

De esta manera, quiero dividir mi exposición en 3 asuntos o temas.

 

Primero, comentar el caso de Rosa Perez, que fue un parteaguas para que el Tribunal Electoral defendiera los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

 

Segundo, mencionar un caso reciente tratado en la Sala Superior, el Recurso de Reconsideración 108 de este año, por el cual se defendió los derechos político-electorales de una regidora indígena que alegó violencia política de género.

 

Y, en tercer lugar, hablar sobre los retos por venir en materia de parida

2. El caso de Rosa Pérez

 

En el caso de Rosa Pérez, ella fue electa al cargo de Presidenta Municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, en las elecciones de 2015. 

 

Meses después de que tomó posesión, un grupo minoritario de personas inconformes, lideradas por quien había obtenido el segundo lugar en la elección, realizaron actividades violentas con el fin de presionarla para que renunciara a la Presidencia Municipal. 

 

Entre otras cosas, aducían que no era posible que una mujer gobernara el municipio. Esas personas obligaron a Rosa Pérez a firmar una carta para el Congreso del Estado en la que se comprometía a renunciar al cargo. 

 

El mismo día, Rosa Pérez envió otra carta dirigida al Presidente del Congreso, en la que dijo expresamente que ella no tenía intención de renunciar y que la primera carta había sido firmada bajo presión.

 

Después de varios hechos de violencia en la comunidad, que incluso obligaron a varios de sus habitantes a desplazarse, las personas inconformes secuestraron a dos diputados del Congreso del Estado, entre ellos al Presidente

 

Los llevaron al municipio para exigirle a Rosa Pérez que renunciara o los quemarían vivos, además, al presidente del Congreso lo vistieron de mujer en un claro acto de feminización-humillación. 

 

De manera simultánea Rosa Pérez fue retenida en las instalaciones del Estado, hasta que renunciara a su cargo. 

 

Ante esos hechos, Rosa Pérez firmó su renuncia y, casi inmediatamente, el Congreso del Estado la confirmó, nombrando como sustituto a un hombre, el que había obtenido el segundo lugar de la elección.

 

Inicialmente, Rosa Pérez acudió a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Defensoría decidió buscarla para ofrecerle sus servicios, que fueron aceptados.  

 

El primer paso y la primera dificultad a la que se enfrentó la Defensoría fue la definición de la estrategia legal. En principio, un caso relativo a la elección municipal debiera ser atendido, en primera instancia, por el tribunal electoral estatal y, en su caso, la sentencia de la autoridad local podría ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral para llegar, eventualmente, a la Sala Superior. 

 

Sin embargo, las circunstancias particulares del caso llevaron a la Defensoría a considerar que lo más idóneo era promover un juicio directamente ante Sala Superior. 


Así, la demanda de Rosa Pérez Pérez se presentó directamente ante la Sala Superior, cuestionando el Decreto 216, emitido por el Congreso de Chiapas, por el que se determinó sustituirla de la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó y designar a otra persona para ocuparla. 

 

La presidenta municipal argumentó que el decreto vulneró su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo para el que fue electa, al derivar de una renuncia que carecía de validez, toda vez que fue obtenida bajo coacción, a cambio de salvar la vida del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado (demanda en el juicio SUP-JDC-1654/2016).

 

Asimismo, dentro de la propia demanda, la presidenta municipal solicitó al Tribunal Electoral que tomara las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y la integridad física y psicológica de su persona y de sus familiares, colaboradores cercanos y simpatizantes del municipio de Chenalhó.

 

Antes de dictar la sentencia en el caso, la Sala Superior ordenó a las autoridades federales y estatales —en especial, a la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Poder Ejecutivo Local, al Congreso del Estado de Chiapas y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas— que tomaran las determinaciones indispensables para ello. 

 

Al resolver el caso de Rosa Pérez, en primer lugar, la Sala Superior fijo su postura señalando que la situación se iba a analizar desde la perspectiva de género e intercultural

 

En segundo lugar, la Sala Superior constató que Rosa Pérez fue electa presidenta municipal de Chenalhó en un proceso democrático celebrado para la renovación de los integrantes del ayuntamiento, que reflejó una participación amplia y plural. 

 

La presidenta municipal obtuvo 8,332 votos (el 46.72% de la votación emitida), con lo que tuvo por demostrado que la ciudadanía del municipio expresó su voluntad de que fuese una mujer quien gobierne el ayuntamiento

 

Tercero, la Sala analizó las pruebas ofrecidas por las partes que la llevaron a concluir que, en efecto, no era la voluntad de la presidenta municipal declinar a su mandato, sino que fue obligada a ello a través de los hechos violentos.

 

Asimismo, la Sala Superior consideró que la violencia ocurrida en el caso fue violencia política en razón de género, ya que en el expediente se encontraron, entre otros elementos, las amenazas del síndico municipal, quien señalaba que una mujer no debe gobernar el municipio y el hecho de que se obligara al Presidente del Congreso de Chiapas a usar la ropa de mujer en un evidente acto de feminización-humillación. 

 

A partir de los hechos acreditados, la Sala Superior determinó que la renuncia de la presidenta municipal, aprobada por el Congreso del Estado, carecía de validez y no podía producir efectos jurídicos. 

 

Finalmente, en la sentencia se señaló que la exigencia de la perspectiva de género es la materialización del derecho a la igualdad, lo que incluye el deber de la justicia de remediar las situaciones asimétricas de poder. 

 

En el caso de Rosa Pérez, la restitución integral significó su reincorporación al cargo de presidenta municipal de San Pedro, Chenalhó, para el que fue democráticamente electa.

 

Para la materialización de la sentencia, la Sala Superior instó a al Congreso del Estado, así como al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a que llevara a cabo las medidas necesarias para la restitución de la presidenta municipal a su cargo, y para que generaran condiciones de seguridad a fin de que ella y el cabildo pudieran desempeñar sus cargos en un ambiente de paz y tranquilidad.

 

El caso de Rosa Pérez resultó ser fundamental para la justicia electoral


Este asunto evidenció la importancia de la creación de la Defensoría Pública Electoral: de cómo sus servicios, profesionales, especializados, gratuitos y accesibles pueden marcar la diferencia en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género. 

 

Además, este fue el primer caso en el que se solicitó a la Sala Superior la adopción de medidas de protección, por lo que ésta vinculó a distintas autoridades federales y locales para que realizaran todos los actos que permitieran garantizar la seguridad de la víctima y de las personas cercanas a ella que se encontraban en riesgo. 

 

3. REC 108

 

Ahora bien, hace unas semanas la ponencia a mi cargo tuvo la oportunidad de desarrollar un proyecto, que fue aprobado por la mayoría del Pleno de la Sala Superior. Su importancia radica en que se determinó que en los casos donde las partes sean indígenas, y sobre todo la materia del juicio sea violencia política de género, los tribunales deben notificar personalmente si se trata de un tercero interesado.


El asunto se originó a partir de una queja ante el OPLE de Veracruz, que presentó la regidora cuarta de un municipio —y auto adscrita como mujer indígena— en contra del presidente municipal, por actos que en su consideración vulneraban su derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente de desempeño efectivo del cargo, que se traducían en discriminación y violencia política de género. 

 

El OPLE remitió el escrito de queja al Tribunal local, el cual integró el expediente de juicio ciudadano y requirió por estrados a la actora, para que en 48 horas señalara domicilio en la ciudad sede de ese Tribunal y la apercibió que, en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizarían en los estrados de ese órgano jurisdiccional.

 

Esto es importante, en tanto que la mujer indígena no desahogó el requerimiento, por lo que se acordó que las notificaciones se realizarían por estrados. 

 

Posteriormente, el Tribunal local dictó órdenes de protección en favor de la actora y a cargo de integrantes del cabildo y personal de mando del Ayuntamiento, y ordenó notificar personalmente a la actora; notificación que se practicó por oficio.

 

Pocos días después, el Tribunal local ordenó dar vista a la actora por 48 horas con información proporcionada por las autoridades del Ayuntamiento y se ordenó notificar por estrados. 

 

Sin embargo, a los pocos días se dictó acuerdo en el que se ordenó dar vista de nueva cuenta a la actora con la información proporcionada por el Ayuntamiento. 

 

Se ordenó que la notificación se realizara de manera personal con copia certificada de la documentación, a fin de salvaguardar la garantía de audiencia y el derecho de tutela judicial efectiva de la actora. Esta diligencia se le notificó a la actora en la oficina que ocupa en la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Zongolica. 

 

Ahoa bien, al emitir sentencia, el Tribunal local tuvo por acreditada la omisión de convocar a la regidora a las sesiones de cabildo, así como la de atender diversas solicitudes formuladas por la actora, lo que trascendió al ejercicio de las funciones como una mujer democráticamente electa. 

 

Adicionalmente, tuvo por acreditado el acoso o mobbing, a partir de conductas sistemáticas por parte del presidente municipal en contra de la actora, al concluir que no le dio el trato correspondiente a su jerarquía y cargo de regidora.

 

En la sentencia, el tribunal local señaló que cuando la persona que se encuentra en la posición de la presidencia municipal actúa con exceso de poder y no respeta las atribuciones de una mujer edil, se propicia su invisibilización, lo que se acreditó al no convocarla a sesiones y no atender sus peticiones.

 

El Tribunal local evaluó y tuvo por acreditada la violencia política en razón de género, así como el acoso laboral y ordenó al presidente municipal canalizar a la regidora a la institución o persona médica de su elección, para su evaluación médica y psicológica y, en su caso, cubrir el costo hasta su total rehabilitación.

 

Dio también vista al OPLE y a la Fiscalía del Estado para que determinaran lo procedente. Asimismo, determinó que las medidas de protección se sustituirían con los efectos de la sentencia.

 

El presidente municipal controvirtió esa determinación ante la Sala Xalapa y la copia de la demanda se fijó por 72 horas en los estrados del Tribunal local. El Tribunal local informó a Sala Xalapa que no compareció tercero interesado.

 

En su resolución, la Sala Xalapa modificó la sentencia del tribunal local. Tuvo por acreditada la obstaculización del cargo, pero no tuvo por actualizado el acoso laboral o mobbing y, en consecuencia, tampoco la violencia política de género, concluyendo que la valoración probatoria flexible realizada por el Tribunal local fue incorrecta al tener por acreditados los dichos de la víctima para concluir que se acreditaba el acoso. Se dejó sin efectos la sanción del pago de la evaluación médica y psicológica, y en su caso, rehabilitación a la regidora.


En contra de dicha determinación, la regidora interpuso el recurso de reconsideración del que conoció la Sala Superior, en el cual su petición estaba sustentada esencialmente, en que, pese a haber sido “tercera perjudicada” ni el Tribunal local ni la Sala Regional le notificaron la determinación.

 

La Sala Superior concluyó que los agravios que planteaba la recurrente eran fundados

 

Se consideró que la Sala Regional no garantizó su derecho al debido proceso, porque dadas las circunstancias del caso, que implicaban a una mujer indígena que aducía la comisión de violencia política de género, debió advertir que la publicación en estrados para personas terceras interesadas que realizaría el Tribunal local sería insuficiente para garantizar que la regidora cuarta tuviera conocimiento de que se había impugnado la resolución local.

 

Esa omisión derivó en que la actora no formara parte del juicio ante la Sala Xalapa y, por tanto, no tuviera conocimiento de la sentencia federal que modificaba la calificación de violencia política de los actos que la regidora había controvertido en juicio.

 

Por su parte, la Sala Superior ha considerado que cuando personas indígenas promueven medios de impugnación se deben ponderar las particularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales y culturales que históricamente las han colocado en situación de desventaja, exclusión y/o discriminación.

 

A partir del análisis del contexto de la localidad y y del análisis a las constancias del expediente, en el caso concreto la Sala Superior concluyó que la Sala Regional no tomó en cuenta las circunstancias particulares del caso, lo que generó una vulneración del derecho al debido proceso de la recurrente, dado que no se le garantizó su participación en la sustanciación del juicio electoral, ocasionando que la actora no pudiera ejercer una debida defensa.

 

Ante lo fundado de la inconformidad de la actora, se determinó que lo procedente era establecer principios en materia de tercerías que, con efectos generales, formen parte del derecho procesal indígena

 

Se determinó  que, a efecto de no vulnerar la garantía de audiencia, en todo asunto donde se detecte que una de las partes de la cadena impugnativa es una persona indígena —ante la posibilidad de que sufra una afectación a sus derechos, derivada de la decisión que se tome en el medio de impugnación interpuesto para controvertir una resolución—  las autoridades jurisdiccionales deberán notificarles de forma personal sobre la demanda que se ha interpuesto, en un plazo de no más de 48 horas.

 

Adicionalmente, la autoridad deberá conceder un plazo de entre 24 y 72 horas para la presentación del escrito de tercería correspondiente, contados a partir de la notificación de dicha demanda

 

En consecuencia, se asumió como criterio general que las notificaciones a personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas deberán hacerse de forma personal, salvo que ellas mismas de manera expresa soliciten otra vía para ello. 

 

De esta manera, con nuestras sentencias, la Sala Superior ha ido fortaleciendo las garantías de acceso a la justicia y de audiencia de las personas terceras interesadas en juicios que involucren a personas de comunidades y pueblos indígenas.

 

4. Retos hacia el futuro. Paridad de Género 

 

El caso de Rosa Pérez en Chiapas y el caso de la regidora en Veracruz, muestran que la justicia se ha actualizado. La justicia ya no se trata únicamente de un enfoque punitivo, ahora también busca una incidencia social que vuelva los derechos una realidad.

 

Por eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha contribuido a impulsar la participación política de las mujeres mediante la transversalización de la perspectiva de género y la implementación del Protocolo para atender la violencia política de género. 

 

Para impulsar todavía más la participación de las mujeres políticas, el año pasado se aprobaron reformas constitucionales sobre paridad y violencia política de género, y poco a poco los estados las han incluido en su propio cuerpo normativo, como bien lo ha hecho Oaxaca con las reformas al artículo 113 de su constitución y al artículo 34 de su ley orgánica municipal. 

 

Para hacer que el espacio político sea un espacio público, un espacio de todos, pero también de todas, el reto a corto plazo será que las reformas se homologuen por completo a nivel estatal, pero también que sean efectivas. 

 

Los tribunales electorales contribuirán al funcionamiento de las reformas al interpretar jurisdiccionalmente con perspectiva de género, pero también con perspectiva intercultural, porque las normativas pueden homologarse, pero no los múltiples contextos que viven las diversidades de mujeres. 

 

A las mujeres indígenas no sólo las obstaculiza el contexto cultural, sino también los discursos de racismo y discriminación que son parte del presente sociopolítico del país. 

 

Este obstáculo debe erradicarse hasta que las mujeres indígenas participen en el ámbito público, no sólo en el modo que les permiten, sino hasta que participen del modo en que prefieran. Este es el requisito básico que necesita una nación constitucionalmente pluricultural.

 

Así, el próximo gran reto será hacer compatible la paridad con la interculturalidad, para procurar la inclusión de las mujeres, pero no solamente de una fracción privilegiada, sino de todas las diversidades de mujeres. 

 

Muchas gracias


*Conferencia impartida con motivo del Día internacional de las mujeres indígenas



[1] SUP-REC 531/2018.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas

Históricamente, los pueblos indígenas en México han demandado y luchado por un reconocimiento a su identidad; por poder conservar su cultura; y por el respeto a sus usos y costumbres, así como a su autonomía y autogobierno. 

En México, la historia de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas tiene como parteaguas el año de 1994. Como sabemos, el primero de enero de aquel año, indígenas de Chiapas irrumpieron en la vida pública buscando defender los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. 


Este movimiento nos obligó —como sociedad— a mirar la otra realidad del país y colocó en la agenda pública la situación de los indígenas mexicanos, así como sus demandas de justicia y de democracia.

 

Como consecuencia de ello —algunos años después— se aprobaron reformas

al artículo segundo de la Constitución, en 2001,[1] para reconocer a México como un país pluricultural; reconocer que los pueblos indígenas son los pueblos originarios y que, además, tienen derecho a la libre determinación y a la representación. 

 

Nuestro sistema jurídico se inscribió así en el pluralismo jurídico, el cual considera que el derecho se integra tanto por el derecho legislado formalmente por el Estado, como por el derecho indígena, generado por los pueblos y las comunidades indígenas.

 

Hay que recordar que las personas que se autoadscriben como indígenas en México son en la actualidad más de 25 millones 600 mil personas (25´694,928), alcanzando el 21.5%[2] de la población total, es decir, estamos hablando de 1 de cada 5 mexicanos.

 

Los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas abarcan la capacidad para decidir las formas internas de convivencia y organización política

 

También abarca la posibilidad de elegir conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes, con el fin de que realicen el ejercicio de sus formas propias de gobierno.

 

Implica, a su vez, la obligación del Estado de establecer instituciones y políticas que garanticen la vigencia de esos derechos, así como el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

De manera paralela, al proceso jurídico mexicano, los derechos de los pueblos indígenas se han fortalecido como una tendencia mundial

 

En 2007, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas(2007).[3]

 

La Declaración de la ONU es una carta de navegación para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas en todo el mundo y garantizar sus derechos humanos como derechos colectivos.  

 

Entre otros derechos, en lo tocante a lo político, en la Declaración se reafirmó internacionalmente el derecho de los indígenas a la igualdad y a la libre autodeterminación. 

 

También se estableció su derecho a la participación plena en ámbitos como el político, el económico, el social y el cultural del Estado. 

 

En esta construcción jurídica —y paulatina— en favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ocurrió un hecho de la mayor importancia en México, en 2011, que fue una gran Reforma en materia de Derechos Humanos.

 

A través de esta Reforma, se colocó en igualdad jurídica a los Tratados Internacionales y a la Constitución, permitiendo además que cuando éstos entren en conflicto, se aplique el que otorgue mayores beneficios a las personas, es decir, el principio pro persona.

 

La convencionalidad nos ha dado más facultades a los jueces constitucionales, para defender los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. 

 

Es importante mencionar también que hace poco más de un año, el 9 de agosto de 2019, en el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la cual se adicionó un apartado al artículo segundo de nuestra Carta Magna (apartado “C”) para quedar como sigue:

 

o   “Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.”

 

De esta forma, la actual Legislatura ha reconocido a las comunidades afromexicanas y las ha mencionado expresamente en nuestra Constitución Federal, a fin de proteger sus derechos.

 

Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI hasta 1 millón 380 mil mexicanas y mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos, lo cual representa 1.2% de la población nacional.  

 

Gracias a este reconocimiento constitucional, los derechos político-electorales de los pueblos y las comunidades indígenas incorporan ahora a las comunidades afromexicanas.

 

Los Sistemas Normativos Internos de las comunidades indígenas y el papel que desempeña el Tribunal Elctoral para garantizar sus derechos


En México, se entiende a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas como los principios generales, las normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplican en su vida diaria

 

Los sistemas normativos indígenas definen la manera en que la comunidad elige y nombra a sus autoridades, es decir, regulan las formas de gobierno de la comunidad. 

 

Además, debe reconocerse su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias políticas, características que los hacen dinámicos y permiten su supervivencia, como otros sistemas políticos.

 

Conforme a su cosmovisión y desarrollo propios, los pueblos indígenas reconocen, en primer término, los derechos de la colectividad.

 

Por lo tanto, los derechos sobre el territorio, los recursos naturales, entre otros, corresponden a la colectividad, quien determina su forma de utilización y explotación. 

 

Asimismo, el ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones frente a la colectividad, que suelen tomar forma de trabajo gratuito en favor de la comunidad que se manifiesta en el tequio o trabajo comunitario, así como en la obligación de ocupar cargos que generalmente son gratuitos. 

 

Se trata de una visión opuesta a la que rige en los estándares constitucionales de las democracias liberales, que comúnmente no solo priorizan los derechos y las libertades individuales, sino que también reconocen y protegen estos derechos de manera incondicional, desvinculándolos del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

 

El derecho indígena cuenta con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las generadas en el derecho legislado formalmente.

 

La forma en la que las comunidades indígenas se regulan no debe ser considerada sencillamente como usos y costumbres, que conforme al sistema de fuentes del derecho constituyen una fuente subsidiaria y subordinada, pues se trata de 2 ordenamientos jurídicos distintos que se encuentran en una relación de coordinación. 

 

A través de diversas sentencias, las salas del Tribunal Electoral han podido abrir las posibilidades de conocer asuntos o temáticas que originalmente no estaban previstas por la legislación.

 

Lamentablemente el sistema electoral mexicano no prevé reglas específicas para el ejercicio y la protección de los derechos de los pueblos y comunidades. 

 

La reforma constitucional de 2001, en el artículo 2º. de la Constitución, reconoció su derecho a la autodeterminación, así como a la elección de sus autoridades a través de los procedimientos tradicionales, sin embargo, la legislación electoral nacional no ha atendido aún ninguna de estas temáticas. 

 

Ante ese vacío legal, el Tribunal Electoral ha asumido la responsabilidad de hacer valer sus derechos

 

A través de las sentencias se ha facilitado el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la justicia electoral y se ha fortalecido el ejercicio de sus derechos.

 

Además, para reforzar su acceso a la justicia, establecimos en 2016 la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

 

Con la Defensoría, el Tribunal busca saldar una deuda del Estado mexicano con las comunidades indígenas

 

Partimos de considerar que el derecho de acceso a la justicia es fundamental para el goce efectivo de cualquier otro derecho humano

 

Pensamos que, efectivamente, solo garantizando la protección jurisdiccional ante cualquier situación que potencialmente pueda resultar en lesión de un derecho, es posible lograr su ejercicio real. 

 

Sin duda, este acceso resultaba crucial para las comunidades indígenas y sus integrantes, que con frecuencia se enfrentan a obstáculos derivados de las condiciones socioeconómicas, geográficas y lingüísticas en las que viven. 

 

De esta forma, la Defensoría se ha colocado como un puente entre estos colectivos y las instituciones de justicia electoral

 

Desde 2016, su trabajo se ha orientado a que los pueblos y las comunidades indígenas vean en la Defensoría a una instancia a su servicio, pero también a que reconozcan en los jueces y tribunales a instancias que ofrecen el servicio público de justicia en su beneficio.

 

Criterios jurídicos del TEPJF en favor de los indígenas.

 

Quiero mencionar algunas de las acciones jurisdiccionales del Tribunal Electoral en favor de los indígenas en los últimos años.

 

Primero, hemos fortalecido el Derecho indígena señalando que la perspectiva intercultural existe y exige reconocer la equivalencia de las cosmovisiones que representan las distintas culturas. 

 

Además, esta perspectiva requiere que el problema jurídico se analice atendiendo la diversidad de los usos y costumbres, pues son comunidades indígenas distintas y cada una se rige por su sistema normativo interno y es sujeta de los derechos fundamentales respectivos, entre estos, el relativo al autogobierno.[4]

 

Esta perspectiva nos lleva, además, a identificar el caso de si es indispensable contar con más información del sistema normativo interno de la comunidad indígena en cuestión, así como de los elementos socioculturales que la identifican. 

 

Por tanto, con frecuencia nos exige recurrir a un dictamen antropológico para conocer a fondo las tradiciones, las costumbres y el ejercicio de poder en las comunidades.[5]

 

En este sentido, en la actual magistratura de la Sala Superior establecimos la tesis vigésima sexta de 2018 de rubro:

 

o   DICTAMEN ANTROPOLÓGICO. ES UNA FACULTAD QUE PUEDE SER ACORDADA PREFERENTEMENTE MEDIANTE ACTUACIÓN COLEGIADA DEL ÓRGANO JUDICIAL (XXVI/2018).

 

·      Además, hemos emitido una importante jurisprudencia para fortalecer la perspectiva intercultural como las 18 y 19 de 2018 de rubro:

 

o   COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN DE IDENTIFICAR EL TIPO DE LA CONTROVERSIA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, A FIN DE MAXIMIZAR O PONDERAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDA (18/2018).

 

o   JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (19/2018).

 

En otras palabras, la perspectiva intercultural nos permite apreciar y comprender de la mejor manera posible a las comunidades, así como sus tradiciones, problemáticas y necesidades. 

 

Nos hace entender que las autoridades no debemos imponer nuestra visión de las cosas, sino buscar las mejores soluciones y equilibrios, a fin de lograr la protección efectiva de los derechos de todas y todos, en armonía con los derechos humanos y la cosmovisión propia de las comunidades. 


Segundo, en las últimas elecciones federales establecimos medidas afirmativas en el Legislativo en favor de la representación indígena.

 

El Tribunal Electoral decidió fortalecer las medidas especiales encaminadas a garantizar la representación política efectiva de los indígenas en el Congreso de la Unión.[6]

 

En la sentencia determinamos la validez constitucional del establecimiento de esta medida especial, reconociendo que su finalidad es desaparecer la situación de desigualdad, mediante un tratamiento diferenciado, justificado en el contexto histórico de exclusión de los indígenas en el sistema de partidos políticos, para acceder a un cargo de elección popular.

 

Asimismo, decidimos que era necesario fortalecer las medidas propuestas originalmente por el Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de incrementar su efectividad. 

 

En particular, nos preocupaba que la postulación de personas indígenas y no indígenas en un mismo distrito pudiera limitar la efectividad de las acciones afirmativas. 

 

Por ello, ordenamos que los partidos políticos deberían postular únicamente candidatos indígenas en 13 distritos, en los que existe una concentración indígena que supera el 60% de la población total.

 

Lo anterior con el fin de garantizar que los representantes que resultaran electos fueran personas que poseyeran esa calidad y formaran parte de las comunidades y pueblos indígenas en tales distritos.

 

También señalamos que, de las 13 personas postuladas como candidatos indígenas, no se podrían postular a personas del mismo género en más de 7 distritos.

 

Finalmente, para garantizar la autenticidad de la representación política de la población indígena, determinamos que era necesario que quienes pretendieran ocupar las candidaturas debieran acreditar su autoadscripción con base en elementos objetivos. 

 

Es decir, las y los aspirantes tuvieron que demostrar el vínculo con la comunidad del distrito por el que se postularon; por ejemplo, haber prestado servicios comunitarios o haber desempeñado cargos tradicionales.

 

Con esta sentencia logramos que hubiera 13 diputadas y diputados pertenecientes a las comunidades indígenas y reconocidos por éstas. 


En este sentido, también establecimos en la Sala Superior la tesis vigésima cuarta de 2018 de rubro:

 

o   ACCIONES AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDA A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR (XXIV/2018).

 

Es un pequeño avance que todavía no refleja en forma proporcional el 21.5% de la población que se reconoce a sí misma como indígena de nuestro país y que no permite que sus representantes tengan suficiente capacidad de influir en las políticas públicas. 

 

Sin embargo, es un avance en la dirección correcta, impulsado por las autoridades electorales. 

 

La implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento idóneo para materializar el pluralismo nacional.

 

Justamente, las acciones afirmativas posibilitan que personas pertenecientes a minorías tengan el derecho efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública de nuestro país.


Tercero, hemos protegido y restaurado los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. 


La lucha de las mujeres indígenas por la igualdad es una lucha doble: frente al Estado, ante el cual demandan el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos, y al interior de las comunidades, exigiendo el respeto de sus derechos como mujeres.

 

En el Tribunal Electoral hemos señalado que en las elecciones por sistemas normativos deben respetarse los derechos de votar y ser votadas de las mujeres, en condiciones que garanticen la igualdad sustantiva y no sólo formal. 

 

Consideramos que las elecciones bajo sistemas normativos indígenas están vinculadas a respetar las normas y principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo el de la igualdad jurídica sustantiva entre la mujer y el hombre. 

 

Por ello, las normas del derecho indígena deben promover y respetar el derecho de voto de las mujeres tanto en su vertiente activa como pasiva.

 

También se ha manifestado que la participación de las mujeres en la toma de decisiones debe ser real, activa y relevante, por lo que no es aceptable que esta se limite únicamente a aceptar o validar las determinaciones adoptadas con antelación por algún grupo.

 

La creciente importancia de los asuntos que involucran el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, se puede observar a partir del incremento de los casos que se han presentado ante las salas del Tribunal Electoral y de los criterios jurisprudenciales que hemos adoptado.

 

A partir de la reforma constitucional de 2014, que reconoció la paridad como principio de integración de los órganos representativos, la Sala Superior ha emitido 2 jurisprudencias y 2 tesis que garantizan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas. 

 

o   Jurisprudencia 48/2014, con el rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE LLEVAR A CABO ACTOS TENDENTES A SALVAGUARDAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER (LEGISLACIÓN DE OAXACA). 

 

o   Jurisprudencia 22/2016, con el rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN SUS ELECCIONES SE DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA DE LA MUJER Y EL HOMBRE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).


o Tesis XLI/2014, con el rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. EN LAS CONVOCATORIAS A LAS ELECCIONES SE DEBE UTILIZAR LENGUAJE INCLUYENTE PARA PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. 

 

o Tesis XXXI/2015, con el rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. REDUCIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A LA VALIDACIÓN DE LAS DECISIONES PREVIAMENTE TOMADAS CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DISCRIMINATORIA (LEGISLACIÓN DE OAXACA). 

 

Entre las prácticas discriminatorias que ha prohibido el Tribunal Electoral está la exigencia de que las mujeres indígenas que quieran acceder al cargo de presidencia municipal hayan tenido que haber cumplido con el sistema de cargos y acreditado el tequio, tomando en cuenta el servicio a la comunidad realizado por sus esposos. 

 

En el caso particular, se consideró que dicha exigencia, establecida en el municipio San Pedro Mártir, Ocotlán, Oaxaca, resultaba discriminatoria y coartaba la participación de las mujeres que no estuvieran casadas.[7]

 

En otros casos, el Tribunal Electoral se hizo cargo de combatir, revertir y sancionar la violencia política en razón de género ocurrida en las comunidades indígenas

 

En especial, en las elecciones en Chiapas, se han presentado casos de violencia en contra de las mujeres indígenas electas a cargos de presidencias municipales. 

 

En 2016 se estudiaron dos casos de esta naturaleza, y en ambos la Sala Superior ordenó restituir al cargo a las alcaldesas de Chenalhó y de Oxchuc.[8]

 

Un caso similar fue el de la destitución de las autoridades tradicionales de San Felipe Zihualtepec, Oaxaca, en el que se mandó restituir a todos los integrantes de la agencia municipal.[9]

 

Lo mismo sucedió en el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, donde la presidenta municipal electa fue víctima de violencia en razón de género y recibió sentencia protectora por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [10]


En general, el Tribunal Electoral ha resuelto los asuntos relativos a los sistemas normativos internos que involucran también el ejercicio de los derechos individuales desde la perspectiva expresada en la siguiente tesis:

 

o  Tesis VII/2014, con el rubro SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS NORMAS QUE RESTRINJAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

 

A través de esta tesis se señaló que el derecho de los pueblos indígenas para conservar costumbres e instituciones propias “se encuentra limitado al respeto que deben observar de los derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional”. 

 

En la normativa internacional tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 

En el Tribunal Electoral lo hemos denominado como bloque de convencionalidad aplicable en casos de violencia política de género.[11]

 

Finalmente comentar que recientemente (20/08/20) resolvimos un caso en la Sala Superior (Recurso de Reconsideración 108 de 2020) en el que sentamos un criterio importante en favor de las mujeres indígenas

 

Con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia, resolvimos que en todo asunto en el que se advierta que una de las partes de la cadena impugnativa es una mujer indígena y se alegue la comisión de violencia política en razón de género —ante la posibilidad de que sufra una afectación a sus derechos— las autoridades jurisdiccionales —en un plazo de no más de 48 horas contadas a partir de que reciben el escrito de demanda— deberán notificarle ese escrito de forma personal a la mujer en cuestión.

 

Nuestra decisión fue que cuando se trata de mujeres indígenas se deben tomar decisiones que maximicen su efectiva participación, con independencia de si son parte actoras, demandadas o terceras con interés.

 

Y, cuarto, también protegimos el voto de desplazados indígenas en las elecciones de 2018.

 

Protegimos los derechos de las comunidades indígenas desplazadas de su territorio por hechos de violencia, garantizando su participación en las elecciones federales y locales de aquel año.[12]

 

También reiteramos que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas, aun cuando su población sea minoritaria, o bien existan dos o más comunidades en un mismo territorio.[13]

 

En Chiapas, ante hechos de violencia en mayo de 2016, al menos 240 personas indígenas tsotsiles se vieron obligadas a desplazarse a otro territorio para que su vida no estuviera en riesgo. 

 

La comunidad desplazada no estaba en condiciones de ejercer sus derechos político-electorales en las elecciones de 2018. 

 

Algunas de las personas no contaban con la credencial de elector por haberla perdido o dejado en los domicilios de los que huyeron, algunas otras por haber cumplido la edad suficiente para poder votar viviendo en el campamento. 

 

Los demás que sí contaban con la credencial tampoco podían ejercer su voto, ya que acudir a la casilla que les correspondía en función de su antiguo domicilio implicaba poner en riesgo su integridad física e incluso su vida.

 

En este terrible contexto, la comunidad solicitó los servicios de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

A partir de la intervención de la Defensoría, la comunidad solicitó al Consejo General del INE que hiciera tres cosas:

 

Uno, que se instalara una casilla especial en el campamento en el que se encontraban, para que pudieran votar en las elecciones federales y locales (para la Presidencia de la República, senaduría, diputación federal, diputación local y ayuntamiento de su origen).

 

Dos, que realizara la reimpresión de credenciales para votar de aquellas personas que no contaban con una. 

 

tres, que tramitara una credencial para votar para quienes cumplieron la edad suficiente para votar.

 

Como el Consejo General del INE no respondió con rapidez, la Defensoría representó a la comunidad indígena en la presentación de un juicio ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Al resolver el asunto,[14] la Sala Superior determinó que, efectivamente, en el contexto fáctico y jurídico en el que se había presentado la petición, la autoridad responsable fue omisa en responder en un plazo breve a su solicitud, violando con ello el derecho de petición, previsto en el artículo 8° de la Constitución federal. 

 

En la sentencia se señaló que las autoridades están obligadas a atender las peticiones formuladas por la ciudadanía por escrito y en un periodo breve. 

 

En el caso, la autoridad no cumplió con esta obligación, ya que, dada la situación extraordinaria en la que se encontraba la comunidad, así como la urgencia de cara a la jornada electoral, era el Consejo General del INE quien debía pronunciarse exhaustivamente respecto de la petición.

 

El Pleno de la Sala Superior consideró también que, cuando se presentó el juicio, ya había transcurrido el plazo breve del que dispone la autoridad para emitir una respuesta, y que ya no era viable seguir esperando la actuación del Consejo, ya que un mayor retraso haría imposible la instalación de una casilla especial para la comunidad. 

 

En consecuencia, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE que, en ejercicio de sus facultades, diera respuesta a la solicitud, verificara si las personas indígenas que se encontraban en el campamento cumplían con los requisitos para votar por los cargos de elección popular y que, de ser así, emprendiera las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de su derecho al voto por todos los cargos de elección popular a los que, en condiciones ordinarias, podrían elegir. 

 

En este contexto, el caso establece un parámetro relevante para la actuación del Estado mexicano y nos permite hacer una reflexión sobre el papel de la justicia como garante de derechos humanos. 

 

Estos casos demuestran la posibilidad de que las instituciones se reformulen y evolucionen a la par de la realidad.


Palabras finales


Concluyo diciendo que las mexicanas y los mexicanos tenemos una enorme deuda histórica con nuestros pueblos y comunidades indígenas.

 

La democracia que hoy vivimos implica respetar sus derechos individuales y colectivos, especialmente sus sistemas normativos.

 

La justicia electoral debe ser una instancia al servicio de los pueblos y comunidades indígenas.

 

Debe ser una instancia que juzgue con perspectiva intercultural y que aplique los tratados internacionales en su favor.



[1] Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001

[2] https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128

[3] Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

[4] SUP-REC-61/2018.

[5] SUP-REC-249/2018.

[6] SUP-RAP-726/2017 y acumulados. 

 

[7]SX-JDC-7/2017 y acumulado.

[8] SUP-JDC-1654/2016 y SUP-JDC-1756/2016.

[9] SUP-REC-170/2016.

[10] SUP-JDC-1773/2016 y acumulado.

[11] SUP-REC 531/2018.

[12] SUP-JDC-366/2018.

[13] SUP-REC-411/2018.

[14] SUP-JDC-366/2018.



* PALABRAS DE LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS EN LA CONFERENCIA: “LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” ANTE INTEGRANTES E INVITADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO.