Agradezco a la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, así como a su Sociedad de mexicanos, por la organización de este evento. Asimismo, agradezco a Sebastián Icháustegui por la moderación de esta reunión.
Este encuentro ocurre en un momento clave para la democracia en México, pues estamos a mes y medio de la jornada electoral. Nuestro país se enfrenta al reto electoral más grande de su historia democrática. El 2 de junio se definirán:
- 20,708 cargos públicos:
- 629 federales y
- 20,079 locales.[1]
Ante la importancia de estas elecciones para definir el futuro de nuestro país, es fundamental que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar plenamente en el proceso.
Para ello, también es indispensable que las autoridades electorales mexicanas actúen con independencia y cuenten con la capacidad para tutelar los derechos políticos y electorales de las y los mexicanos.
Sistema electoral mexicano
Para iniciar este intercambio, daré un breve panorama sobre el funcionamiento del sistema electoral en México. Si bien tiene una forma compleja, nuestro sistema electoral está diseñado para que las autoridades electorales desempeñen funciones bien definidas y diferenciadas. Con ello, se busca que –desde distintos frentes– se contribuya a que los procesos electorales se desarrollen con apego a los estándares democráticos más altos.
El sistema electoral mexicano a nivel federal está compuesto por tres instancias. Por un lado, se encuentra el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo público e independiente, encargado de organizar las elecciones federales y locales –estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas–.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales es el organismo de la Fiscalía General de la República encargado de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales a nivel federal.
Finalmente, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la autoridad responsable de resolver –en última instancia– las controversias en materia electoral y de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El Tribunal es un órgano colegiado, independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Para cumplir sus funciones cuenta con:
- una Sala Superior
- así como con cinco salas regionales y una sala especializada.
Durante todas las etapas del proceso, estas salas resuelven las controversias que los actores presentan sobre aspectos que podrían afectar la legalidad y la integridad de las elecciones. Me refiero, por ejemplo, al registro de candidaturas, al desarrollo de las campañas o a las condiciones en que transcurre la propia jornada electoral.
Me refiero también y de forma particular a lo que ocurre después de que las mexicanas y los mexicanos acuden a las urnas.
Durante esta etapa, en que se anuncian los resultados de los comicios y se declara su validez, el Tribunal Electoral evalúa las anomalías registradas y determina si, en general, las elecciones se apegaron a los principios democráticos. Con ello, brinda certeza a la ciudadanía de que los resultados electorales realmente reflejan su voluntad.
Asuntos relacionados con el proceso electoral
Para realizar esta declaratoria de validez, se analizan los hechos ocurridos y los juicios resueltos por el Tribunal Electoral, durante todas las etapas del proceso. Desde que inició este proceso hasta el momento actual –es decir, el periodo de las campañas políticas– las distintas salas del Tribunal Electoral han recibido más de 2,600 asuntos, relacionados con las elecciones.
De entre los temas más recurrentes que se han reclamado en estos casos, destacan los actos anticipados de precampaña y campaña (más de 400 asuntos).
Esta situación demuestra una lamentable realidad: en nuestro país, los partidos y actores políticos han buscado ganar ventaja vulnerando la normatividad electoral.
Ejemplo de ello es lo que ocurrió el año pasado, cuando los partidos actuaron fuera de la ley para designar de forma anticipada a sus candidaturas, desnaturalizando así el proceso electoral.
De forma particular, el Tribunal Electoral ha recibido alrededor de 500 asuntos vinculados a medidas cautelares y al procedimiento especial sancionador –recurso que permite inhibir, de manera oportuna, conductas ilícitas de los actores políticos durante el proceso electoral–.
En cuanto al tema de fiscalización, los partidos tienen la obligación de rendir cuentas. Para ello, la ley es muy clara sobre las obligaciones que existen en este rubro durante los procesos partidistas primarios, las precampañas y las campañas políticas.
El Tribunal Electoral ha confirmado la imposición multas para evitar que haya vulneraciones a estas responsabilidades.
- Por ejemplo, al partido Morena se le estableció una multa por 62 millones de pesos, debido a los ingresos y gastos NO reportados de las “corcholatas” presidenciales.
Incluso, en el pasado, el Tribunal Electoral ha retirado el registro a candidaturas por no reportar gastos de precampañas.[2] La integridad de las elecciones va más allá del campo de acción de las autoridades electorales. Por lo tanto, es urgente que, en las escasas semanas que restan antes de la jornada electoral, todas las personas participantes en el proceso confirmen el compromiso con la legalidad, así como con los valores y principios que sustentan nuestra democracia.
Acciones afirmativas
Además de resolver las controversias relacionadas con las personas que contienden por un cargo público, el Tribunal Electoral tiene la importante responsabilidad de proteger y hacer valer los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.
Ejemplo de esto es que, en cada proceso electoral, el Tribunal Electoral emite resoluciones para corregir las condiciones discriminatorias que impiden que ciertas personas, en especial, las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, voten o se postulen a un cargo.
En este sentido, destaca la decisión de la Sala Superior de revocar el acuerdo del INE que establecía las acciones afirmativas para el presente proceso electoral, por considerar que éste no partía del piso mínimo establecido para las elecciones federales anteriores.[3]
Como resultado, el nuevo acuerdo del INE reservó 34 diputaciones para quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas; 4 para la población afromexicana; 8 para las personas con discapacidad; 3 para quienes integran los colectivos de la diversidad sexual, y 5 para la comunidad mexicana residente en el extranjero.
Además, por primera vez, estos colectivos contarán con representación en el Senado de la República.
Voto de la comunidad residente en el extranjero
También como consecuencia de una sentencia del Tribunal Electoral, hoy la comunidad mexicana residente en el extranjero podrá votar de forma presencial.
El antecedente de ello es que, durante los procesos electorales 2021-2022, el INE contempló que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero únicamente votaran de forma electrónica o postal.
Tras ser impugnados los acuerdos correspondientes, la Sala Superior determinó que el INE omitió garantizar la posibilidad de que las y los integrantes de esta comunidad voten de forma presencial en los consulados y embajadas el día de la elección, en concordancia con lo que establece la legislación electoral.
Por lo tanto, el Tribunal instruyó al INE identificar las medidas idóneas para permitir esta modalidad y facilitar su implementación en el siguiente proceso electoral, al menos como programa piloto.
El año pasado, durante las elecciones para definir las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, se implementó por primera vez este mecanismo de votación en tres consulados.
Para las elecciones de este año, la posibilidad de voto presencial de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero se ampliará a 23 sedes consulares –veinte en territorio estadounidense, una en Canadá, una en España y otra más en Francia–.
Por lo tanto, este año, además del voto postal y por internet, esta comunidad, dependiendo de su entidad de origen, podrá participar presencialmente en las elecciones para definir:
- La Presidencia de la República y una senaduría;
- La Jefatura de gobierno de la Ciudad de México;
- Las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán;
- Diputaciones migrantes, en los casos de la
Ciudad de México y de Oaxaca, y
- Una diputación de representación proporcional para Jalisco.
Esta es una buena noticia, considerando que, actualmente, la Lista Nominal de las mexicanas y mexicanos que viven fuera del país cuenta con alrededor de 200 mil personas inscritas[4].
Sobre este tema, sé que ha habido inconformidades por la declaratoria de improcedencia que hizo el INE a miles de solicitudes de registro. Al respecto, destaco que hasta el 5 de mayo se puede solicitar al Instituto una aclaración.
Posterior a eso, como lo ha constatado la comunidad residente en el extranjero en el pasado, el Tribunal Electoral seguirá siendo una puerta que pueden tocar las mexicanas y los mexicanos que viven fuera del país para acceder a la justicia, ante una posible vulneración de derechos.
Paridad en gubernaturas
Así como lo ha hecho con la comunidad mexicana residente en el extranjero, con sus sentencias, el Tribunal Electoral ha contribuido a eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales.
Particularmente, el Tribunal ha materializado el principio constitucional de la paridad entre mujeres y hombres. Ejemplo de ello es que este órgano jurisdiccional determinó que los partidos políticos nacionales debían postular, al menos, a cinco candidatas a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se renovarán en estos procesos electorales.
En este caso y en el que referí sobre la comunidad residente en el extranjero, el razonamiento detrás de las decisiones del Tribunal Electoral es que las condiciones como el género, el lugar de nacimiento, la edad, la comunidad de pertenencia o la orientación sexual nunca deben ser limitantes para los derechos de las personas.
Por el contrario, la diversidad es parte de la democracia y enriquece a las sociedades cuando se traduce en procesos políticos plurales e incluyentes, en los que se representan los intereses de todas las mexicanas y los mexicanos.
A lo largo de esta exposición destaqué algunos de los puntos que considero más relevantes del proceso electoral en curso. Quiero subrayar que las democracias son, por definición, un compuesto de diversidades.
Los distintos intereses de las personas deben ser representados de manera igualitaria. La voz de todas, todos y todes cabe en nuestro proceso democrático.
Estoy convencida de que lograremos llevar estas elecciones a un buen puerto, porque nuestra democracia ha madurado a lo largo de estas décadas de transición a la democracia.
Aplaudo la organización de este tipo de reuniones en las que podemos compartir experiencias para fomentar el acceso a la justicia electoral de personas como ustedes: ciudadanas y ciudadanos que buscan ejercer sus derechos político-electorales desde el extranjero.
Muchas gracias.
[1]
Fuente: “Proceso Electoral en números”, INE [https://www.ine.mx/transparencia/proceso-electoral-en-numeros/]
[2]
En 2021 se le retiró la candidatura para la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado
Macedonio y para Michoacán a Raúl Morón.
[3]
SUP-JDC-338/2023
[4]
Tras el proceso de revisión de solicitudes para votar desde el extranjero, la
Lista Nominal Electoral -Extranjero quedó conformada por 187 mil 388 registros.
Fuente: “https://centralelectoral.ine.mx/2024/04/13/ine-protege-confiabilidad-y-certeza-de-la-lista-nominal-del-electorado-en-el-extranjero-2/”
[5] IFES, Election Guide. Democracy
Assistance and Election News, disponible en: https://www.electionguide.org/
[6] Ewe, K (2023). “The Ultimate
Election Year: All the Elections Around the World in 2024”, TIME, disponible
en: https://time.com/6550920/world-elections-2024/
[7] IDEA International (2023). The
Global State of Democracy 2023. Disponible en:
https://www.idea.int/democracytracker/sites/default/files/2024-02/the-global-state-of-democracy-2023-the-new-checks-and-balances.pdf
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