Me parece que fueron planteados en esta mesa desde la presentación de la doctora Nieto, pasando por las dos magistradas de Puebla y de Michoacán, una visión de cómo se ha ido fortaleciendo la justicia electoral y qué es lo que nos falta por hacer.
Comparto esta inquietud que decía hace un momento la Magistrada Sandoval: Nos quieren desaparecer y nadie dice nada… Y es que nadie sabe, en efecto, como bien lo dijo, que existe un INE, que existe un OPLE… Además, para que la gente se familiarice con la palabra “OPLE” es bastante difícil… nadie sabe que existen tribunales locales, el tribunal federal… al final del día, las elecciones y la justicia electoral es poco cercana a la ciudadanía, es un concepto con el cual la ciudadanía no está familiarizado.
Es cierto que, en la Sala Superior, desde el año pasado, emprendimos este trabajo de crítica, este trabajo de cuestionar qué es lo que está funcionando, en qué estamos fallando o siendo deficientes, en aras de fortalecer a la institución.
A raíz de escuchar en audiencias públicas, a través de una comisión de fortalecimiento, en el que también las personas participaran, quisiera abocarme a la mención de tres temas.
El primer tema es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fortalecer la justicia electoral? Creo que esta pregunta solo puede contestarse señalando que una justicia fortalecida requiere de instituciones a la altura de las circunstancias, así como con un amplio respaldo del exterior, pero sobre todo del interior. Es decir, no podemos hablar de una justicia efectiva si la institución encargada de impartirla carece de solidez en el más amplio sentido de la palabra.
Y me parece que la solidez de una institución en el ámbito de la justicia electoral que nos atañe a cada una y a cada uno es, por una parte, la calidad de las sentencias, pero por la otra parte la calidad de sus integrantes.
Por ello, el primer elemento en el que considero debe enfocarse cualquier política de fortalecimiento es a las personas que hacen la institución.
Las personas son las que hacen a las organizaciones, y por ello los recursos humanos son la piedra nodal a partir de la cual se fortalece una institución.
Quiero precisar que las cabezas, ya sea de un OPLE o de un órgano jurisdiccional, somos meramente pasajeras, transitorias y, al salir, sencillamente desaparecemos de alguna manera.
Por ello, me parece que uno de los principales enfoques en el fortalecimiento es la carrera judicial o la carrera administrativa, tratándose de los OPLES, porque además es reconocer finalmente el trabajo que hacen dentro de la institución, justamente quienes colaboran con nosotros.
Sí es cierto que la independencia judicial es un elemento fundamental de una justicia imparcial y efectiva. Y para proteger esa independencia tan importante, es necesario contar con garantías institucionales que aseguren que la justicia electoral sea ejercida acorde al marco constitucional. Por ello, debemos ver que la política de profesionalización es lo que nos puede llevar a consolidar esta independencia y este fortalecimiento institucional.
Para eso hay que encontrar mecanismos que garanticen el funcionamiento profesional del personal, a través de un sistema justamente de carrera judicial; de un sistema que dé permanencia en la función y que permita también una constante capacitación.
Se trata de un tema que desde hace varios años, hemos platicado y trabajado con el Magistrado César Wong, desde la ATERM, sobre la importancia de que la carrera judicial sea nacional; que no haya una carrera judicial federal, una carrera judicial local; porque decimos que somos una “familia”, pero eso sería solo parte del discurso, sino se concreta en nada real.
Tenemos que seguir consolidando la carrera judicial nacional en el ámbito electoral, y aquellas pláticas en las que decíamos que estaría muy bien que secretarias y secretarios pudiesen transitar entre salas locales, salas regionales y sala superior.
Y esto sería reconocer finalmente a quienes son cimientos en esta impartición de justicia electoral.
Como segunda reflexión, quiero poner en la mesa la pregunta de ¿para qué fortalecer la justicia electoral? Es decir, ¿quiénes son sus destinatarios?
Una institución ajena a la sociedad a la que se debe está destinada a la intrascendencia en la historia de un país. De ahí la necesidad de identificar de manera clara quiénes son las personas a las que debe servir la justicia electoral.
Los tribunales electorales tenemos acotado de manera específica nuestro ámbito competencial, es decir, somos las instituciones encargadas de resolver los conflictos que se dan en el ámbito político-electoral, y este encargo no es una cosa menor.
Por eso tal vez llama la atención a veces que seamos tan desconocidos de la ciudadanía, cuando finalmente nuestras decisiones es lo que permite que pueda continuar una vida en orden y en paz social.
Por ello, me parece que el fortalecimiento pasa también por un ejercicio de acercarnos a las y los ciudadanos.
Ahora, la pregunta es cómo nos acercamos a la ciudadanía. Primero, debemos entender la diversidad de intereses de quienes buscan representar a esta sociedad, que no es única y que tiene miles de facetas, más en un país como el nuestro.
En esta diversidad existe toda una serie de características y de búsqueda de identidades y por ende de representación.
Me parece que hay que poner un énfasis especial en el diseño de normas de instituciones, en procedimientos, que garanticen la mejor manera de que esta protección de los derechos sea lo más universal que se pueda.
Aquí citaré al jurista Luigi Ferrajoli, quien dice que para que un Estado de Derecho sea efectivamente garantista “debe buscar la máxima efectividad de las promesas constitucionales”[1], y nosotros tenemos una Carta Magna con muchas promesas constitucionales y nos toca a nosotros y a nosotras hacerlas realidad para que no sean letra muerta.
Esa es la importancia de crear organismos como la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y ampliarla como lo hemos estado haciendo, pero no la podemos facultar para que represente en el ámbito local. De allí la necesidad de que si queremos que la ciudadanía nos defienda, pues primero debemos defenderla nosotros y ser un ente visible y palpable para todas y todos los ciudadanos. Esto es algo que también queda como tarea.
Finalmente, la tercera reflexión que quisiera dejar aquí es que “no existimos” porque no sabemos comunicar. Me parece que este es uno de los temas cada día más desesperantes, al que nos enfrentamos.
Tenemos sesiones públicas, hemos dictado sentencias ordenándole a uno que otro tribunal local que sus sentencias sean públicas… sí, pero nadie las ve y los pocos que la ven lo hacen para el caso que están litigando en determinado tribunal y ya después apagan la transmisión.
Si no nos veían cuando era presencial, supongo que menos cuando es por zoom… pero no es solo que fallamos con las sesiones públicas, también está los comunicados. ¿De qué manera estamos transmitiendo una sentencia a partir de un comunicado? Y finalmente el tema de las redes sociales. De cómo podemos utilizar las redes sociales sin alterar lo esencial de nuestra función como juzgadoras y juzgadores.
Señala el profesor Paul Watzlawick que NO es posible NO comunicar, y enfatizaba que “por mucho que uno lo intente no se puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio tienen siempre valor de mensaje”.[2] De esta manera, tengamos en cuenta que “el silencio” de los órganos jurisdiccionales electorales es también una comunicación y no es una comunicación afortunada.
Las sentencias que emitimos suelen ser poco leíbles, poco amigables, y los comunicados también tienen complejidad, de allí me parece importante seguir desarrollando la red de observatorios jurisdiccionales que se creó a propuesta del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que pueden acercarnos al ámbito de la ciudadanía.
Y, por último, ¿cómo comunicamos una sentencia cuando ya se juzgó el asunto en los medios de comunicación y en la opinión pública? ¿Cómo lo juzgamos?
A veces el hacer público un proyecto lleva a una confusión, en el sentido de que se cree que si es público, ya es sentencia, entonces se dice que la sala “ya lo votó”. No. No se ha debatido y no se ha votado.
Me imagino que todos estos problemas de “fuga” de proyectos los tienen también en los tribunales locales. Entonces, esa es la importancia de saber comunicar cuando una decisión no es lo que la sociedad esperaba.
De aquí la necesidad de resolver rápido y de ver cómo podemos comunicarlo mejor de manera que no nos gane la pasión de la opinión pública y pueda ganar la razón, en principio, de una decisión judicial.
Para concluir nada más. Quiero decir que no comparto lo que decía el magistrado Penagos sobre ser “la judicatura de la desgracia”. Creo que somos “la judicatura del orgullo”, diría incluso “la judicatura de la justicia” finalmente, porque somos quienes permitimos que después de una jornada electoral la vida siga en orden, aunque la mitad de la población no esté contenta, porque es la regla de la democracia.
Pero somos esa judicatura que permite que la gente salga a decir “blanco” o “negro”, que después la gente pueda caminar y continuar en su vida. Somos nosotras y nosotros quienes lo permitimos; yo sí me ubicaría en una “judicatura del orgullo”; una judicatura que abre la puerta para que la gente siga creyendo en la importancia de ir a votar y de sostener de todas maneras las diferencias de opiniones.
Muchas gracias.
[1] Ferrajoli, Luigi, ¿Qué
es el garantismo?, Ponencia dada en la Jornada sobre Democracia y Garantismo de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (15 abril 2015), trad.
Nicolás Guzman.
Recuperada en: https://www.palermo.edu/Archivos_content/2018/derecho/abril/derecho-garantismo/ferrajoli.pdf
[2] [2]Watzlawick, Paul, No es
posible no comunicar, Herder, Barcelona, 2014, p. 16.
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