lunes, 5 de noviembre de 2018

Sobre la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas

Hoy dedico esta entrada a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas con el objetivo de comunicar su labor y despertar el interés de conocer más sobre su trabajo.[1]


La Defensoría fue concebida a tres lustros de la reforma constitucional por la cual el Estado mexicano reconoció la pluriculturalidad nacional y estableció el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; así como el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la elección de sus autoridades y regulación y solución de sus conflictos internos, siempre y cuando resultaran congruentes con los postulados constitucionales básicos y los derechos humanos.

Su creación fue resultado del diagnóstico realizado por el Tribunal Electoral en los últimos 10 años de trabajo jurisdiccional, a partir de la resolución de casi 2,500 asuntos relacionados con los derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas. El diagnóstico no fue alentador, ya que evidenciaba la desconfianza y el desconocimiento de los colectivos ante las instituciones electorales. Por tal motivo, era inminente la necesidad de crear un mecanismo que permitiera un mayor acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas para garantizar su derecho a contar con una defensa jurídica adecuada y profesional.

Es así como en febrero de 2016 se crea la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo crucial de prestar servicios gratuitos de defensa y asesoría electorales en favor de estas comunidades, así como de las personas que forman parte de ellas.

Con la misión de que los servicios que otorga la Defensoría no sólo tengan un impacto procesal, sino que se traduzcan en una verdadera asistencia integral en los procesos electorales, se han generado diversas herramientas para difundir los servicios que brinda

A lo largo de dos años de trabajo, la Defensoría ha recibido más de 200 asuntos, de los cuales, poco más de la mitad han correspondido al servicio de defensa en impugnaciones presentadas ante las salas del Tribunal Electoral.

Además, para reforzar el trabajo de la Defensoría, hemos desarrollado documentos importantes como el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas; y el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Es nuestra responsabilidad, como tribunal constitucional, actuar siempre con un compromiso claro en favor de los derechos de las personas indígenas, fortaleciendo sus derechos políticos y el acceso a la justicia. Debemos juzgar con perspectiva intercultural y de género, para, así, equilibrar las asimetrías de poder y las exclusiones existentes en nuestra sociedad. De esta forma, por medio de nuestras sentencias, podremos revertir los efectos de la discriminación.

En ese sentido, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se ha convertido en un puente entre las demandas de pueblos indígenas y las instituciones de justicia electoral.


[1] http://sitios.te.gob.mx/Defensoria/

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