lunes, 20 de agosto de 2018

Preparación de la elección y la jornada electoral: Un primer Balance

Hoy quiero compartirles, de manera breve, algunas de las reflexiones sobre cómo han transcurrido las etapas de preparación de la elección y la jornada electoral, y un primer balance del funcionamiento de nuestro sistema electoral.


Definitivamente, en términos generales, es un balance positivo. A lo largo de los años hemos logrado la construcción de un sistema complejo, capaz de hacer frente a la tarea de la organización simultánea de la elección de más de 18 mil cargos, y de hacerlo sin errores ni contratiempos significativos.

A pesar del reto organizativo que implicaban estos comicios tan grandes, gracias al arduo trabajo de las autoridades electorales y la ciudadanía, se logró la instalación de prácticamente todas las casillas en el territorio nacional.

Así que, es de reconocer la disposición y la labor de las autoridades electorales administrativas, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, quienes, durante meses, han trabajado para lograr condiciones adecuadas para el desarrollo de estos comicios. También destaca que, en términos generales, la jornada electoral transcurrió en un ambiente de paz, tranquilidad y civilidad, condiciones necesarias para el libre ejercicio del voto.

La participación ciudadana en esta jornada electoral es otro elemento que nos permite una evaluación positiva de estos comicios. Más de 56 millones de personas han votado el domingo primero de julio, muchas de ellas después de haber esperado en largas filas para poder marcar su boleta, y 96 mil de ellas enviaron su voto desde el extranjero. Más de 900 mil personas trabajaron largas horas como funcionarios de casilla, responsables por su instalación, recepción y cómputo de los votos. Otros 2 millones 700 mil participaron como representantes ante las casillas y alrededor de 30 mil como observadores electorales. Gracias a todas y todos, a su trabajo y dedicación, hemos superado esta prueba democrática.

Los procesos concurrentes implicaron retos importantes para la justicia electoral, como fue la resolución, hasta la jornada electoral, de 8,312 impugnaciones. Las demandas presentadas ante las salas abarcaron todo tipo de actividades realizadas durante la etapa preparatoria tanto por las autoridades, como por los actores políticos, partidos y candidatos.

Me parece que las impugnaciones que hemos recibido reflejan algunos aspectos interesantes, así como ciertas problemáticas de nuestro sistema electoral. Les comparto estas primeras reflexiones.

Definitivamente, desde la justicia electoral, podemos decir que el problema principal de nuestro sistema es que la multiplicidad de reglas que pretenden garantizar un control fuerte sobre el desarrollo de los procesos comiciales, atajando cualquier resquicio de incertidumbre o posible irregularidad, no termina de convencer a la ciudadanía y a algunos actores políticos.

Nos hemos enfrentado con un problema no previsto y con una dinámica no esperada: las reglas creadas para eliminar la desconfianza no solo no lograron hacerlo del todo, sino que, en ocasiones, quizá debido a su alta complejidad, contribuyen a generar dudas, cuestionamientos y confusión. Las tendencias reveladas en las encuestas de los últimos años reflejaban desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado en general, y con las autoridades electorales en particular. Estos datos parecían indicar que la complejidad de nuestras regulaciones no ha contribuido a consolidar un sistema confiable y legítimo. Aunque los resultados electorales de este año pueden cambiar estas percepciones, no deberíamos abandonar la tarea de una sólida y detallada evaluación de las normas electorales.

Por otro lado, a pesar de lo detallado que resulta nuestro sistema, aún hay cuestiones o problemáticas que se escapan de la regulación. Los procesos electorales de 2018 están demostrando también que están pendientes algunos temas, o bien, que la regulación de tantos otros no es la más apta.

Así, la nacionalización de ciertas funciones de organización electoral realizada por la reforma, pero en un contexto de alta heterogeneidad de las regulaciones estatales en la materia, generó problemáticas importantes de operación para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Para lograr el óptimo desarrollo de los procesos, el propio Instituto emitió un acuerdo para homologar algunos de los plazos más importantes; sin embargo, esta ruta no es la más idónea y quizá nos invita a reflexionar sobre los alcances que debiera tener la nacionalización de la función electoral.

También la participación de las candidaturas independientes en este proceso generó muchos cuestionamientos y un alto número de impugnaciones. Hasta el momento, más del diez por ciento de los asuntos recibidos por las salas del TEPJF en relación con los procesos electorales de 2018 están vinculados con esta modalidad de postulación. Cabe señalar que los asuntos abarcaron prácticamente todos los aspectos de la postulación de las candidaturas independientes, desde requisitos, proceso de consecución de apoyo ciudadano, validación de estos apoyos, financiamiento de sus actividades o fiscalización de los recursos erogados.

Parece ser que el origen de esta problemática reside en una inserción artificial de las candidaturas independientes en un modelo diseñado para fortalecer la participación exclusiva de los partidos políticos, lo que ha generado incompatibilidad de diversas normas y necesidad de un control judicial intenso. Queda claro que es necesario analizar el modelo de postulaciones que tenemos, para generar condiciones de equidad entre las personas postuladas con el apoyo de los partidos y sin este.

Otro tema que ha sido relevante durante este proceso electoral y que necesitó interpretación jurisdiccional es la compatibilidad de la posibilidad de reelección frente a la paridad. En relación con el registro de candidaturas a cargos legislativos estatales y municipales se han presentado diversas impugnaciones que cuestionaban la posibilidad de empatar estos dos elementos y, en especial, señalaban que la exigencia de paridad afecta las posibilidades de reelección en algunos casos específicos.

Al respecto, el Tribunal Electoral ha sostenido, que es posible armonizar la paridad y la reelección, en aras de proteger los intereses de las y los candidatos e institutos políticos. Para ello, un partido político debe, en primer lugar, definir a qué personas pretende postular de nueva cuenta, y acomodar las candidaturas restantes en función de esta decisión, respetando las reglas de paridad.

Uno de los asuntos más interesantes de este proceso y que, personalmente, me parece de gran relevancia, tuvo que ver con los registros de candidaturas de las personas transgénero y el cumplimiento de la paridad, tema al que le dedicaré de manera amplia una entrada próximamente.

Me parece que, a lo largo de estos meses, las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales y penales hemos estado a la altura del desafío. Hemos trabajado con dedicación y pasión, siempre con pleno apego a Derecho, con independencia e imparcialidad, para organizar los comicios y garantizar las condiciones en los que la ciudadanía pudiera ejercer el sufragio libre e informado.

Estoy convencida que estos procesos han demostrado la fortaleza de la democracia mexicana y fueron un paso más en su consolidación.

Por supuesto, estas son solo algunas impresiones y esbozos de análisis más profundos y complejos que tenemos que hacer desde distintos espacios y perspectivas. Este ejercicio es y será indispensable para mejorar nuestros procesos, elevar la calidad de las elecciones y, con ello, fortalecer la legitimidad de nuestra democracia y de las autoridades electas.

Como ya lo he dicho, falta mucho por hacer. Debemos cuestionar la pertinencia de las normas que rigen nuestro sistema, preguntarnos por la utilidad, finalidad y el impacto real que tienen para la mejora de calidad de los procesos.

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