Violencia Política: ¿Por cuánto tiempo más?

¿Por cuánto tiempo más la vida tiene que estar en riesgo para contar con cuestiones tan básicas del estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos humanos?

Quiero dedicar esta entrada a la violencia que ha caracterizado este proceso electoral. Lo he dicho en muchos espacios, y aquí lo repito: el ejercicio de los derechos político-electorales no debería tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de nadie.

En particular, me preocupa que la violencia pone en riesgo lo logrado por personas comprometidas con la participación de las mujeres.

Creo que es necesario reflexionar respecto de los impactos sociales invisibilizados de la violencia, por ejemplo, sus consecuencias en el tejido comunitario y en las familias y cuáles son los impactos diferenciados que esta violencia genera en la participación de las mujeres. Asimismo, creo que es pertinente delimitar qué acciones deben perfilarse para atenderlos.

Como presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, constantemente me pregunto qué es lo que los órganos jurisdiccionales deben hacer, además de solidarizarse con las víctimas, sus familiares, personas cercanas, colaboradoras y comunidades.

Ciertamente, nosotros no tenemos competencia para investigar ni para perseguir penalmente actos de violencia política. Nuestra labor se vincula a la interpretación constitucional y aplicación del Derecho electoral a casos concretos.

En este sentido, tomando en cuenta que la violencia es un problema estructural que de ningún modo puede resolverse desde un enfoque exclusivamente penal, me parece que los órganos jurisdiccionales podríamos aportar lo siguiente:

• Un Tribunal Electoral sólido que se sostiene a partir de sus criterios y de la congruencia que lleva implícita el aceptar que en algunos casos resulta necesario modificar una postura. 

• Enfoque de género en nuestras resoluciones y, en tal sentido, reparaciones transformadoras que se hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que generan la violencia, más allá del caso concreto.

Así, se hace necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta que hasta ahora ha dado el Derecho electoral.

Por ejemplo, no sólo avocarse a resolver lo inmediato, como regresar al cargo a una mujer a quien obligaron a firmar su renuncia o bien retirar un spot del aire, sino construir respuestas avocadas al largo plazo.

• Mirar los asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones a nivel individual (por ejemplo, empoderando a las víctimas y dignificando a las comunidades implicadas) y social (fortalecer la legitimidad y credibilidad de las instituciones y la confianza en los comicios).

Me parece que en esos tres puntos se subsume el compromiso de quienes impartimos justicia constitucional electoral.

La violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita al Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el proceso electoral. Por ello, es inadmisible que, sea cual sea el órgano estatal del que se trate, se mantenga en la inacción que conduce a la impunidad, la revictimización y a la repetición de los actos de violencia.

Desde mi punto de vista, la aspiración de todo quehacer gubernamental debe ser la prevención de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Una vez que ésta tiene lugar, el Estado ha fallado: el proyecto de vida de la persona ha sido alterado.

En este sentido, me parece pertinente recordar que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que todas las personas tienen “derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos. Esta es la razón de ser de las instituciones del Estado.”

La violencia no puede determinar un proceso electoral y el Estado debe garantizar que quien la use, asuma las consecuencias jurídicas que correspondan. En este sentido, debemos hacernos cargo de que nuestra labor, directa o indirectamente aporte a los esfuerzos en contra de la violencia.

En un país como el nuestro, con una infraestructura electoral altamente sofisticada y delineada hasta la minucia, deben existir respuestas adecuadas para modificar todo aquello que da lugar a la violencia, así como para garantizar que la vida, la integridad y la tranquilidad, no sea el costo del ejercicio de los derechos político-electorales.

             #AltoALaViolenciaPolítica