Rumbo a la democracia pluricultural

Hace 500 años la Conquista puso fin al gobierno de la gran Tenochtitlán. Se derrumbó el imperio Azteca y eventualmente se conquistó otras culturas y reinos indígenas. Las lenguas originarias, las cosmovisiones y las tradiciones fueron segregadas. La Conquista impuso sus propias instituciones, su nuevo lenguaje, su forma de gobierno. Se hizo oficial una ley, la de quienes llegaron, la de los vencedores.

 

Desde ahí, en 1521, las normatividades originarias quedaron a la sombra de la oficialidad. Varios pueblos indígenas vivieron un proceso de conversión. De pronto su cultura se volvió incorrecta, indeseable, peligrosa. Muchas costumbres y formas originarias de organización social quedaron fuera de la ley oficial. 

 

El nuevo régimen colonial exigía la conversión de la gente indígena hacia las cosmovisiones oficialmente impuestas. Se pretendió que la multiplicidad de identidades, pueblos y tradiciones quedara transformada conforme a los parámetros de la cultura dominante. 

 

A pesar de los incesantes menoscabos, las personas indígenas resistieron. Prueba de ello es que, en aquel entonces, antes del sometimiento se calcula que existían más de 500 lenguas originarias y, aunque el castellano fue impuesto como la nueva lengua oficial, actualmente todavía existen 69 lenguas diferentes con 364 variantes lingüísticas. 

 

El problema fue que, desde ahí, desde hace cinco siglos, se creó una división cultural cuyo impacto trascendió al ámbito jurídico, político y social. Una segregación transversal. Se marcó la diferencia entre “culturas originarias” con sus “usos y costumbres” en contraste con la “cultura oficial” con sus “normas y leyes oficiales”. 

 

Esta separación se arraigó tanto en la cotidianidad que ni siquiera la Independencia, ni la Revolución lograron erradicarla. México surgió como país, pero como uno mestizo. La diversidad cultural quedó absorbida en el mito del mestizaje. 

 

Se crearon leyes conforme al naciente gobierno de un México independentista y revolucionario; sin embargo, otra vez, las normas oficiales, aunque ahora eran mexicanas, también omitieron incluir a las culturas originarias que sobrevivieron.

 

Las cosmovisiones, tradiciones, normas y costumbres indígenas nuevamente quedaron a la sombra de la oficialidad. Permanecieron subsumidas en un régimen jurídico y político ajeno a sus necesidades. 

 

El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto, con el afán de reconocer sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres.

 

Por otra parte, con la reforma constitucional de 2001, en nuestro país se reconoció la legalidad de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades originarias, así como su autonomía para decidir sobre su propia organización y el modo de elegir a sus autoridades.

 

De esta manera, los sistemas normativos tradicionales apenas hace dos décadas consiguieron su reivindicación mediante reconocimiento constitucional. Las normas indígenas se volvieron normatividad oficial. El pluriculturalismo se acompañó con el auge del pluralismo jurídico. 

 

El cambio trascendió al ámbito político-electoral hasta instaurarse una perspectiva intercultural para reducir la brecha de interpretación entre los contextos de las poblaciones originarias y lo dictado por las normas electorales. 

 

Se ha comenzado a reducir la segregación cultural instaurada desde la Colonia a través de las reformas en derechos humanos, de varias sentencias y jurisprudencias emitidas por autoridades jurisdiccionales electorales.  

 

Esta perspectiva intercultural e interseccional instauró un cambio de paradigma electoral que no derivó en la modificación de todas las normas, pero sí modificó las obligaciones de las autoridades electorales para que ahora la democracia y las dinámicas político-electorales se realicen considerando el sistema normativo nacional, federal y estatal; pero también integrando los sistemas normativos. 

 

Ahora, las instituciones ya no le imponen a los pueblos originarios una única visión de orden social, sino que estas diversidades de órdenes políticos establecen sus propios parámetros y las autoridades electorales debemos respetarlos para garantizar así su derecho al autogobierno. 

 

Los pueblos originarios pasaron de estar a la sombra de la oficialidad a regirla en conjunto con el resto de la población gracias al ejercicio democrático. Sin embargo, las normatividades que respaldan su composición social se han mantenido como conocimiento local lo cual dificulta la coordinación del pluralismo jurídico que emana a partir de la incorporación pluricultural al sistema electoral.

 

Todavía falta que se generen los mecanismos para que efectivamente los sistemas normativos en su vertiente electoral sean incluidos como un cuerpo normativo de consulta para que así, cualquier integrante de la ciudadanía pueda conocer y consultar las diversas formas de organización político-electoral que integran nuestra nación pluricultural. Una eventual reforma electoral podría ser la ocasión propicia para potenciar y respaldar los derechos indígenas.