Esta semana recibimos a integrantes de la Comisión de Venecia y la Subcomisión para América Latina, así como a prestigiadas universidades y organizaciones internacionales para inaugurar el Congreso internacional titulado “Las garantías de los procesos democráticos: estándares internacionales y principios constitucionales en perspectiva comparada”.
Se trata de un foro del más alto nivel, para intercambiar experiencias y unir esfuerzos en favor de la democracia, entre autoridades electorales y constitucionales, académicos y organismos internacionales.
Guillermo O´Donnell señalaba que todo régimen democrático supone dos componentes básicos. El primero de ellos es la vertiente electoral, que significa la existencia de comicios razonablemente justos, de tal suerte que cualquier contendiente, incluyendo los opositores, tenga una oportunidad razonable de ganar y, en consecuencia, de asumir el cargo para su ejercicio, por el mandato previamente definido.
El segundo componente para O´Donnell consiste en un conjunto de prerrogativas y libertades políticas para las ciudadanas y los ciudadanos, como las de expresión, asociación, circulación y de acceso a la información; las cuales no deben limitarse al reconocimiento formal, sino que deben traducirse en un ejercicio del haz de facultades, pues de esto depende —en buena medida— que las elecciones puedan considerarse justas y competitivas.[1]
Para que ambos componentes sean una realidad, se requiere la existencia de instituciones que garanticen su ejercicio efectivo.
En este sentido, los órganos garantes son instituciones de Derecho Público que protegen los derechos y las libertades de la ciudadanía en su conjunto.
En nuestro país —como ustedes saben— los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos están protegidos por órganos administrativos y jurisdiccionales, tanto a nivel estatal como a nivel federal.
Luigi Ferrajoli lo ha destacado en su obra magna con estas palabras: “En México una reforma de 1996 ha dado vida a dos instituciones electorales de garantía: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una institución de garantía secundaria competente para decidir sobre todas las controversias en materia de elecciones, y el Instituto Federal Electoral, que es una institución predominantemente de garantía primaria destinada a la vigilancia de la regularidad de los procedimientos electorales y a las decisiones en materia contencioso-administrativa. Se trata de dos instituciones de extrema importancia […]”[2].
En lo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestra misión es garantizar la estabilidad del sistema político-electoral mexicano, mediante el respeto a las normas básicas del mismo. Lograr al término de un proceso electoral -como el que acabamos de vivir-, que toda la ciudadanía pueda decir que se vivió el imperio del Derecho.
A través del Tribunal, el Poder Judicial se convierte de esta manera en garante tanto de la celebración de elecciones, como del respeto de las prerrogativas y libertades políticas de la ciudadanía, que nutren y dan sentido a aquellas.
Esta misión es compartida por quienes somos parte de los tribunales constitucionales y electorales en América Latina y el Caribe, y alrededor del mundo.
También es importante considerar que las democracias actuales son naturalmente plurales; esto quiere decir que cuentan en su interior con una pluralidad política e ideológica, pero también cultural e incluso étnica.
Esta pluralidad implica una diversidad de enfoques dentro de la sociedad democrática, que exige la presencia de un árbitro para mediar cuando hay desencuentros y, de esta forma, encauzar los conflictos por la vía institucional, legal y pacífica.
Es indispensable la participación de dicho árbitro —o tercero imparcial— precisamente porque los desencuentros pueden adquirir tintes dramáticos, cuando lo que se discute o se disputa son las políticas públicas o la decisión de quiénes deben encabezar los gobiernos y órganos de representación.
El papel de los tribunales de justicia es indispensable para interpretar y defender la Constitución, así como para corregir las discriminaciones que suelen sufrir las minorías políticas.
Sin embargo, esta tarea no es exclusiva de los tribunales, como lo señalara el jurista español Manuel García-Pelayo: “No es el Tribunal Constitucional el único órgano al que corresponde la misión de defender la Constitución, puesto que, si ésta atañe a todos, debe ser defendida por todos”.[3]
Esa es la importancia de que todas las autoridades electorales —administrativas y jurisdiccionales—, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales unamos nuestros esfuerzos en favor de la democracia, el respeto a la legalidad y la protección de los derechos político-electorales de ciudadanía. Que prevalezca el estado de derecho en el sentido de que, en éste, cada una y no de los ciudadanos deben realmente disfrutar el ejercicio de sus derechos como algo real y palpable al cotidiano.
Por eso, debemos conjuntar nuestras voluntades y acciones, para reforzar nuestra misión y vocación democrática.
[1] O´Donnell, Guillermo, “The Perpetual Crises of Democracy”, en Journal of Democracy, vol. 18, número 1, enero 2007, p. 7.
[2] Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011, t. 2 [Teoría de la democracia], p. 185.
[3] García-Pelayo y Alonso, Manuel, “Discurso del Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Señor don Manuel García-Pelayo y Alonso en el acto de constitución solemne del Tribunal Constitucional el día 12 de julio de 1980” en Manuel García Pelayo. Obras Completas III, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, p. 3224.
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